El exdirector de la Autoridad de los Puertos, secretario de Estado y director financiero del gobierno bajo la pasada administración de Pedro Pierluisi fue contratado como vicepresidente y gerente general de TOTE Maritime Agency, una de las compañías navieras que opera en Puerto Rico.
“Estamos entusiasmados de dar la bienvenida a un líder del calibre de Omar al equipo de TOTE. Su experiencia y visión estratégica serán fundamentales conforme avanzamos y consolidamos nuestro compromiso con nuestros clientes y el crecimiento económico de la isla”, comentó Kevin D. Kendrick, presidente de TOTE Maritime Puerto Rico. “Con su liderazgo y su destacada trayectoria en Puerto Rico y Estados Unidos, confiamos plenamente en que TOTE seguirá prosperando y ofreciendo un servicio excepcional”, agregó.
En el portal de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) no aparece ninguna consulta de Marrero sobre su nuevo patrono. La oficina de prensa indicó a Metro Puerto Rico que “en la Oficina no recibimos consulta de parte del Sr. Omar Marrero. Las consultas no son obligatorias, es un recurso que tienen los servidores y exservidores públicos para conocer su posible campo de acción en el gobierno o cuando salgan del mismo”.
De otra parte, se anunció que Eduardo Pagán, quien por 15 años ocupó los puestos para los que fue reclutado Marrero, asumirá el cargo de vicepresidente de Asuntos Corporativos de TOTE.
“Estoy orgulloso de haber contribuido al crecimiento de TOTE y de haber colaborado estrechamente con un equipo excepcional. Acepto con entusiasmo las nuevas responsabilidades que se me han delegado y tengo total confianza en que Omar Marrero elevará a TOTE a nuevas alturas”, comentó Pagán.
TOTE es una de las empresas de transporte marítimo en Puerto Rico donde el 80 % de los bienes de consumo son importados. La empresa es propiedad de Saltchuk, empresa familiar que reporta ganancias de $5.5 billones anuales. Además de TOTE, en Puerto Rico entran bienes importados a través de la empresa Crowley Maritime. En Puerto Rico, la Ley de Cabotaje (también conocida como Jones Act) restringe el transporte marítimo entre puertos estadounidenses, incluyendo Puerto Rico, a barcos de construcción, tripulación y bandera estadounidense, lo que afecta a las empresas navieras y el comercio.
