La Comisión de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo del Senado llevó a cabo una vista pública sobre el Proyecto del Senado 15, que propone enmendar el Código de Incentivos de Puerto Rico con el fin de modificar criterios específicos para la otorgación de incentivos contributivos a médicos y dentistas.
Con la enmienda, se busca asegurar la permanencia de estos profesionales en la isla y atraer nuevos especialistas en salud. La presidenta del Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico, Ivette Rodríguez Quesada, expresó su respaldo a la medida y confesó la crisis de acceso a servicios dentales en la isla.
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“Contamos con aproximadamente 851 dentistas regulares activos para todo Puerto Rico. Esto es producto de la tendencia sostenida de muchos egresados de medicina dental que optan por establecerse fuera de Puerto Rico ante los enormes problemas que confrontamos los dentistas aquí”, afirmó Rodríguez Quesada.
Destacó, además, que el número de dentistas en la isla sigue reduciéndose debido a las dificultades económicas y regulatorias que enfrenta la profesión.
Rodríguez Quesada subrayó que, según datos del 2018, había tres municipios sin ningún dentista: Culebra, Florida y Maricao. La situación, cinco años después, no parece haber mejorado.
“En Culebra viaja un dentista. Uno solo. No hay allí ninguno”, indicó.
Otro de los temas que Rodríguez Quesada denunció es que las aseguradoras dificultan el problema con prácticas de pago que afectan la “estabilidad económica” de los dentistas.
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“Hace tres meses yo hice cuatro extracciones y ellos me mandaron una carta que me iban a pagar una porque los otros no los podía hacer conjuntamente en ese día. Es decir, que mi criterio profesional va por el piso en comparación con el criterio que ellos tienen”, relató Rodríguez Quesada.
Por su parte, la portavoz del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Vianca Rivera, junto a la directora interina de la Oficina de Incentivos para Negocios en Puerto Rico Carolina Guzmán López, expresaron su apoyo a la medida.
Rivera, quien reemplazó la presencia del actual secretario Sebastián Negrón Reichard, explicó que el Proyecto del Senado 15 busca atender la fuga de médicos especialistas y destacó que la propuesta incluye un periodo de exención contributiva de 15 años con una tasa fija preferencial del 12%.
“El Departamento de Desarrollo Económico apoya la aprobación del proyecto del Senado 15, ya que garantiza un entorno favorable para la práctica médica especializada y ayudaría a la retención de médicos en la isla y podría ayudar a la atracción de nuevos talentos”, sostuvo.
Asimismo, el presidente de Integra Group Francisco Bonet, también participó en la vista y enfatizó la necesidad de implementar medidas efectivas para detener la salida de profesionales de la salud de la isla. Según los datos presentados en la vista, la escasez de médicos y dentistas ha tenido un impacto directo en la calidad del sistema de salud, con tiempos de espera prolongados para citas médicas y dificultades para acceder a servicios básicos.
“Nosotros entendemos que esta medida es bien necesaria. Ya se aumenta de un 4% a un 12%, tomando en consideración el impacto fiscal que puede tener esta medida”, señaló Guzmán López.
Mientras, los portavoces de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Luis Rivera y Julio Colón, junto al portavoz del Departamento de Hacienda José Chávez, advirtieron sobre la importancia de evaluar el impacto fiscal de la medida antes de su aprobación.
“Nosotros tenemos que cumplir con la sección 204 de PROMESA, en la cual establece que tiene que haber un periodo para que se coordine, se tramite un certificado de cumplimiento y de consistencia de toda medida con el plan fiscal certificado”, expresó Rivera.
Chávez, por su parte, detalló que las proyecciones de gasto tributario del Departamento de Hacienda reflejan un costo significativo para la implementación de incentivos similares en el pasado.
“225 millones para el 2020, 251 para el 2021, 269 para el 2022, 274 para el 2023, 278 para el 2024, 284 para el 2025 y 291 para el 2026”, indicó.
Subrayó que sin unA fuente clara de financiamiento, la Junta podría rechazar la medida, como “ha sucedido con legislaciones previas”.
