La senadora popular, Ada Álvarez Conde, radicó una medida que ordena a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación sobre el impacto de las políticas de la administración del presidente Donald Trump en los servicios dirigidos a los veteranos residentes en la Isla.
Se trata de la Resolución del Senado 99 que busca evaluar la disponibilidad y calidad de los servicios de salud, incluyendo salud mental, la accesibilidad a recursos médicos, y el impacto de los despidos masivos en el Departamento Federal de Asuntos del Veterano.
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Adicional, analizará el plan de trabajo del Procurador del Veterano de Puerto Rico y su gestión para proteger los derechos y beneficios de esta población.
“Es inaceptable que nuestros veteranos, quienes han dado tanto por nuestro país, enfrenten obstáculos para recibir la atención médica y los servicios que merecen”, expresó la legisladora.
“Los despidos masivos bajo esta administración han reducido significativamente la capacidad del sistema de salud para atender a nuestros héroes, y debemos asegurarnos de que el Gobierno de Puerto Rico tome acción para mitigar este impacto”, agregó.
Según informes recientes, tres de los cuatro psiquiatras que ejercían en el Hospital de Veteranos de San Juan han renunciado, lo que ha generado gran preocupación entre los veteranos y sus familias.
Además, se estima que entre 20 mil a 30 mil empleados federales han sido despedidos, incluyendo un número incierto de veteranos, quienes representan el 30% de la fuerza laboral federal.
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Se ha reseñado que un memorando interno del Departamento Federal de Asuntos del Veterano advierte sobre una posible reorganización que podría resultar en el despido de hasta 80 mil empleados, lo que tendría un impacto devastador en la calidad y disponibilidad de los servicios para los veteranos en Puerto Rico.
“Esta investigación es solo el primer paso. Vamos a tomar las acciones necesarias para mejorar la calidad de vida de nuestros veteranos y exigir responsabilidades a quienes han fallado en protegerlos. La Comisión del Senado tendrá la facultad de celebrar vistas públicas y garantizar que se realice una evaluación exhaustiva”, concluyó la senadora.
