Un grupo de asociaciones de residentes coincidió este miércoles en la necesidad de implementar una ley que regule la adquisición de bienes y servicios en comunidades con control de acceso durante una vista pública de la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara baja para analizar el Proyecto de la Cámara 306.
El representante Luis “Junior” Pérez Ortiz, presidente de la comisión cameral, presentó la medida con la intención de garantizar que los recursos de los residentes se utilicen de manera “eficiente y transparente” mediante el requisito de un mínimo de tres cotizaciones por cada bien o servicio que las juntas residenciales contraten.
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Además, que estos organismos lleven a cabo un proceso de subasta para cualquier contratación que alcance o exceda $10 mil dólares. Estos cambios, de acuerdo con la propuesta legislativa, serían regulados en el Código Municipal de Puerto Rico (Ley 107-2020).
“Lo que estamos buscando con esta medida es el buen uso del dinero en asociaciones de control de acceso. Hace falta que cada residente sepa en qué se invierte el dinero donde vive”, expresó Pérez Ortiz, al añadir que también busca fomentar una mayor participación de los miembros de las comunidades en la toma de decisiones.
La Asociación de Condominios y Controles de Acceso informó, no obstante, que no endosa el texto original de la pieza legislativa al señalar que resultaría en una carga burocrática y financiera para los entes residenciales.
La colectividad destacó específicamente la dificultad para obtener múltiples cotizaciones en la Isla, por lo que obligar un mínimo de ofertas podría impedir la ejecución de proyectos esenciales para las comunidades.
El gerente de servicios de la asociación, Wilson Cruz, señaló esta disposición como uno de los aspectos “más problemáticos” de la medida.
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“Bajo el esquema propuesto, una junta de vecinos se vería forzada a posponer indefinidamente la reparación de una falla de seguridad o el mantenimiento de infraestructura vital hasta cumplir con un umbral arbitrario de cotizaciones”, explicó.
El portavoz también esbozó que la subasta obligatoria por montos mayores de $10 mil dólares agregaría complejidad -incluso cuando la comunidad ya tenga identificado un proveedor de los servicios- debido a que muchas asociaciones pequeñas no cuentan con la pericia para conducir estos procesos.
Por tal razón, tendrían que incurrir en gastos adicionales para la contratación de servicios profesionales, como de abogados o consultores, para manejar el proceso de licitación adecuadamente.
Aunque presentó sugirió diversos cambios para mejorar el alcance, el presidente de la Alianza de Profesionales de Condominios y Controles de Acceso, Marco Rosado, apoyó la intención legislativa ante los errores e incumplimientos que derivan de la carencia de un reglamento uniforme.
El líder de la organización aclaró que “la ley de cada comunidad es su reglamento. Así que si no tienen reglamento, o no saben dónde está, o el reglamento es ineficiente, tienen problemas”.
Entre sus recomendaciones está imponer un umbral económico más específico para solicitar cotizaciones cuando el costo supere 1 por ciento del presupuesto anual o el 20 por ciento de la partida individual correspondiente del presupuesto, siempre que no sobre los $10 mil dólares. Rosado indicó que, de esta manera, la medida es proporcional al presupuesto particular de cada comunidad.
En su memorial explicativo también propuso que los gastos que superen esa cantidad tengan que ser aprobados por una mayoría simple de los propietarios en una asamblea convocada para esos fines. Sobre la asamblea enfatizó en la necesidad de que se incluya en la legislación el requisito de que sean convocadas por cada junta de vecinos, como mínimo, una vez al año.
“En las urbanizaciones ocurre que no hacen asambleas en años, que no hay divulgación de la situación económica. Pasan años y no ocurre. Los residentes pagan sus cuotas, pero no saben lo que está pasando con el dinero”, manifestó Rosado.
En el caso del mínimo de cotizaciones, ambas organizaciones acordaron en que la legislación incorpore una “salida” para los casos en los que solo se encuentren dos proveedores dispuestos a valorizar una obra necesaria, como ya lo establece la Ley de Condominios de 2020, según enmendada.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Constructores de Puerto Rico, Agustín Rojo, rechazó la aprobación del proyecto cameral y opinó que, en su lugar, se deben impulsar medidas que reduzcan los costos operacionales para estas asociaciones sin fines de lucro mediante la eliminación de barreras regulatorias o la reducción de costos contributivos.
