Múltiples transferencias de fondos municipales de Mayagüez a cuentas en el extranjero sin documentación que justificara su uso quedaron evidenciadas en el más reciente informe de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR) sobre el ayuntamiento durante la administración del exalcalde mayagüezano, José Guillermo Rodríguez, quien en la actualidad enfrenta un proceso judicial por el desvío, especulación y pérdida de fondos legislativos asignados al Centro de Trauma de Mayagüez.
En el caso judicial también está acusada la exdirectora de finanzas del ayuntamiento, Yahaira M. Valentín Andrade. El caso pendiente alega que los acusados usaron dinero asignado por vía legislativa para el Centro de Trauma de Mayagüez para realizar inversiones en un grupo que fue acusado en el foro federal. En ese caso, los fondos se depositaron en una cuenta en Nueva York. Tras un revés en el Supremo, el proceso está en espera de si se alcanza un acuerdo entre fiscalía y la defensa de los acusados.
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Mientras tanto, la auditoría se enfocó específicamente en las empresas municipales y emitió una opinión de abstención sobre las operaciones fiscales del Municipio al no poder obtener evidencia suficiente y apropiada que valide el cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables. Entre las transferencias al extranjero sin justificación, se destacan una de $606,000 a un banco en España y otra de 500 millones de euros a una cuenta en Londres.
Uno de los aspectos más preocupantes es la ausencia de documentos contables en la mayoría de las empresas municipales. La gerente de Finanzas y Presupuesto del Municipio solo entregó información parcial sobre Mayagüez Economic Development, Inc. (MEDI), evidenciando la falta de un sistema contable adecuado para registrar transacciones fiscales.
El informe también señala que la Junta de Directores de MEDI no supervisó adecuadamente las operaciones del director ejecutivo, quien fue acusado en 2021 por fraude relacionado con $9 millones transferidos por el Municipio a MEDI. En noviembre de 2023, este se declaró culpable de fraude electrónico y lavado de dinero. La Junta de Directores estaba presidida por el entonces alcalde, con la gerente de Finanzas como tesorera y otros tres funcionarios municipales como miembros.
El Municipio también desembolsó $1.6 millones sin evidencia de beneficio público y no pudo justificar una transferencia de $606,000 a un banco en España. Tampoco se encontró documentación sobre la concreción de una línea de crédito de €500 millones asociada al Plan Mayagüez 2032. Además, se detectaron 71 transferencias por un total de $383,000 sin justificación, incluyendo pagos a una compañía vinculada al director ejecutivo de MEDI, una empresa de software en Nueva York y beneficiarios en España y Turquía.
Otro hallazgo clave es que en 2015, el entonces director ejecutivo de MEDI y dos asesores financieros del Municipio viajaron a Dubái con un gasto de $47,000 para negociar un préstamo de $4,000 millones que nunca se concretó.
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La auditoría también reveló que el vicealcalde del Municipio autorizó el uso del Palacio de Recreación y Deportes como garantía para obtener financiamiento para Medi Films, otra empresa municipal. Esta entidad también recibió autorización para solicitar un préstamo de $10 millones en una cooperativa. Se identificaron conflictos de interés, ya que el director ejecutivo de Medi Films y un asesor financiero utilizaron sus posiciones para beneficiar sus propias empresas privadas con fondos públicos.
Otro señalamiento del informe destaca que MEDI obtuvo un préstamo de $1.5 millones con la intención de financiar la adquisición de generadores de energía para el Centro Médico de Mayagüez. Sin embargo, la transacción no tuvo ninguna utilidad y MEDI terminó pagando $422,000 en intereses y $275,000 al capital del préstamo.
Además, la auditoría destaca que el Municipio no incluyó en sus estados financieros auditados la información de MEDI, lo que resultó en opiniones adversas por parte de los contadores públicos en los informes de 2017 a 2022.
El informe también reveló que un juzgado en Alicante, España, exigió a MEDI el pago de €6.7 millones por servicios relacionados con la emisión de una obligación corporativa de €500 millones. Asimismo, al 2 de febrero de 2024, se mantenían dos demandas civiles contra MEDI por un total de $8.1 millones, una de ellas incluyendo a Medi Films por $6.5 millones.
Finalmente, la auditoría enfatiza que el Municipio pagó $2.4 millones a un bufete de abogados para recuperar $9 millones perdidos por fraude. De ese total, se logró recuperar $8.2 millones, de los cuales $5.8 millones fueron devueltos al Municipio.
El informe cubre el periodo del 1 de julio de 2017 al 28 de febrero de 2023 y está disponible en www.ocpr.gov.pr.
Esta nota fue redactada con la asistencia de una herramienta de Inteligencia Artificial
