La gobernadora Jenniffer González Colón confirmó el jueves que sometió ante la Asamblea Legislativa el proyecto para separar al Negociado de la Policía de la sombrilla del Departamento de Seguridad Pública.
“Fue radicado esta mañana”, afirmó González Colón en conferencia de prensa. “No hay ninguna ley escrita en piedra. Las leyes están para enmendarse y revisarse. Respaldé un plan para unir gastos, pero tiempos cambiaron. Ahora es necesario que la Policía tenga agilidad para responder a la ola criminal”, indicó la gobernadora.
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González Colón explicó nuevamente que la burocracia que existe actualmente en la sombrilla del DSP, obstaculiza el proceso para adquirir equipos en la uniformada.
“Ahora mismo, si el comisionado necesita adquirir chalecos antibalas, debe acudir a otras oficinas y esperar permisos. Eso retrasa la acción. Necesitamos darle autoridad directa para que maneje personal, nombramientos y compra de equipos sin tantas demoras”, señaló la mandataria.
“Creo que sí. El secretario del Departamento de Seguridad Pública podrá coordinar con la Policía, pero tengo que darle herramientas al superintendente. Asigno a una persona que conoce el crimen organizado y necesito brindarle capacidad para atacar ese problema con mayor inmediatez”, afirmó la jefa del Ejecutivo.
¿En qué consiste la medida?
El proyecto de ley crea en el Gobierno de Puerto Rico un organismo civil de orden público que se denominará “Policía de Puerto Rico” y cuya obligación será proteger a las personas y a la propiedad, mantener y conservar el orden público, observar y procurar la más absoluta protección de los derechos civiles de las personas, prevenir, descubrir, investigar y perseguir el delito y, dentro de la esfera de sus atribuciones, compeler obediencia a las leyes y ordenanzas municipales, y reglamentos que conforme a éstas se promulguen.
El jefe del departamento se conocerá como “superintendente”, quien será la Autoridad Nominadora de la Policía de Puerto Rico y tendrá a cargo de las operaciones diarias de administración y supervisión inmediata de la Policía de Puerto Rico; se asegurará además del cumplimiento con el Acuerdo para la Reforma Sostenible de la Policía.
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Como custodio de la seguridad pública, el superintendente: establecerá enlaces y mantendrá la coordinación entre las agencias de seguridad estatales, federales y entidades internacionales, para estructurar y viabilizar un esfuerzo conjunto de vigilancia de las costas, aeropuertos y puertos marítimos y compartir e intercambiar información y datos necesarios para proteger las fronteras de Puerto Rico contra la entrada ilegal de drogas a nuestra jurisdicción; asegurará que se establezca y mantenga un registro de la incidencia criminal en Puerto Rico, así como estadísticas por cada área policiaca de la Policía entre otras funciones.
El comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), que al momento de la aprobación de esta Ley haya sido confirmado en su puesto por el Senado de Puerto Rico bajo la legislación previa, pasará a ser el superintendente de la Policía de Puerto Rico sin que sea necesario que el Senado vuelva a prestar su consentimiento a su designación.
El proyecto establece los organismos auxiliares como la Academia de la Policía y reintroduce el Cuerpo de Capellanes y la Banda de la Policía que, aunque ya eran entes establecidos, se habían quedado fuera de la ley que creó el DSP.
Para hacer más ágil la adquisición de equipo necesario para ejecutar sus facultades, la Policía de Puerto Rico estará excluida de las disposiciones de la Ley Núm. 73- 2019, según enmendada conocida como “Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019”, y de todos los reglamentos promulgados en virtud de dicha Ley.
El DSP será ahora conformados por cinco negociados: Negociado del Cuerpo de Bomberos, Negociado de Manejo Emergencias y Administración de Desastres, Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas, Negociado de Sistemas de Emergencias 9-1-1, Negociado de Investigaciones Especiales.
