La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, envió a la legislatura un proyecto de ley mediante el cual busca establecer la “Ley del Registro de Cabilderos de Puerto Rico”.
Según se explicó mediante un comunicado de prensa, la medida tiene el fin de establecer política pública sobre las funciones de cabildero ante todas las ramas del Gobierno de Puerto Rico, establecer definiciones y excepciones, reglamentar la profesión, establecer penalidades y establecer facultades administrativas particulares para la creación de registros. “Es política pública del Gobierno de Puerto Rico que la interacción entre los cabilderos y las tres ramas de nuestro Gobierno ocurra de forma transparente y ordenada. Para tal propósito, se establece en esta Ley un Registro de Cabilderos y de Entidades que Realizan Gestiones Relacionadas al Cabildeo, para que se publique la identidad de los cabilderos, las entidades que representan, así como los asuntos objeto de los esfuerzos que llevan a cabo a nombre propio o de sus clientes, para evitar el uso de influencias indebidas en la toma de decisiones del gobierno. De esta forma procuramos que el ejercicio de estos derechos constitucionales no se vea opacado con prácticas cuestionables o abiertamente ilegales”, explica la medida presentada por la administración de González Colón. Además, define a los cabilderos como “individuos o grupos que, por motivación personal o por remuneración, realizan esfuerzos para influenciar o intervenir en los procesos gubernamentales y la de toma de decisiones que resulte de estos procesos, para solicitar la reparación de agravios. Los actos de cabildeo son muchas veces muy necesarios para poder traer a la atención de funcionarios diversos temas que maneja el gobierno”. Sin embargo, en la medida se admite que la práctica del cabildeo es “vista con suspicacia”. Esto se debe, en gran medida, por la falta de transparencia percibida por la ciudadanía sobre estos procesos.
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“El ejercicio del cabildeo debe dejarse de ver como una práctica indeseable o que conlleva corrupción en sí misma, pues se trata del ejercicio de un derecho constitucional”, añade el comunicado enviado por Fortaleza.
El proyecto fue enviado a la presidencia de la Cámara de Representantes y el Senado para que sean las delegaciones de mayoría quienes radiquen la medida.
