La designada secretaria del Departamento de Justicia, Janet Parra Mercado, reaccionó el viernes a la determinación de no culpabilidad de la licenciada Ana Luisa González Cabrera, de 74 años, por supuestamente pagarle a una testigo para impedir que declarara en un juicio relacionado con un doble asesinato ocurrido el año 2022.
“Para todos los abogados que formamos parte del Ministerio Público es muy lamentable tener que procesar a colegas dentro de la profesión legal por incurrir en una conducta tan reprochable que implica la comisión de delitos. La ética que la honrosa profesión de la abogacía exige de sus miembros es el instrumento que sostiene el reconocimiento social de nuestra profesión. Todos los abogados conocemos claramente lo que representa el intervenir con testigos y las consecuencias que conllevan estos actos. El Departamento de Justicia no descansará en la búsqueda de la verdad por lo que reafirmamos que el resultado de este caso no define el compromiso que tienen nuestros fiscales con hacerle justicia a las víctimas de delito en Puerto Rico”, expresó Parra Mercado en declaraciones escritas.
Las fiscales María Esther Hernández Medina, Naydik Ramos Montesinos, directora de la Unidad Investigativa de Crímenes Cibernéticos (UICC), y Teresita Del Rosario Morales Arteaga, no lograron convencer al juez Rafael Taboas Dávila, del Tribunal de Primera Instancia de Caguas de las acusaciones contra la abogada.
En mayo de 2023, el licenciado Juan Enrique Cátala Suárez se declaró culpable de conspiración, tentativa de amenaza o intimidación de testigos y persuasión de incomparecencia a una testigo para que no declarara en la vista preliminar relacionada a con un doble asesinato ocurrido el 19 de marzo de 2022, en el residencial Dr. Pedro Palou en Humacao.
El alegato de las autoridades fue que se le realizaron varios pagos a la testigo de un caso radicado contra uno de sus clientes, con el propósito de que evitara ser contactada hasta que transcurriera el término requerido para la celebración del juicio y el caso se desestimara.
Conforme a la investigación, durante la etapa de vista preliminar la testigo dejó de asistir al tribunal y de responder las comunicaciones a la fiscal y los agentes a cargo del caso del doble asesinato ocurrido en el 2022. Al realizar las gestiones para contactarla a través de sus familiares, se descubrió que los abogados le entregaron dinero a la testigo para que se trasladara a otro municipio y no pudiera ser localizada hasta lograr la desestimación del caso de asesinato contra su cliente.
