Los gremios magisteriales en Puerto Rico expresaron preocupación sobre el futuro de la educación en la isla luego que el presidente Trump firmara la orden ejecutiva que dispone el desmantelamiento del Departamento de Educación de Estados Unidos.
La orden establece que la ex ejecutiva de lucha libre y secretaria de Educación Linda McMahon “debe tomar todas las medidas necesarias para facilitar el cierre del Departamento de Educación y devolver la autoridad educativa a los estados, mientras se continúa asegurando la prestación efectiva e ininterrumpida de los servicios, programas y beneficios de los que dependen los estadounidenses”, según una hoja informativa de la Casa Blanca.
En otras palabras, la orden reduce el tamaño del departamento, ya que la abolición total requiere aprobación por parte del Congreso.
Aunque se alega que la orden no modificará la financiación federal para estudiantes con discapacidades, la financiación del Título I para escuelas de bajos ingresos ni los pagos de préstamos federales para estudiantes, cualquier programa subvencionado por el departamento no podrá promover la diversidad, equidad, inclusión ni la “ideología de género”.
El presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), Víctor Bonilla Sánchez, sostuvo que la orden va a “trastocar significativamente” las labores en Puerto Rico, al igual que afectar el desempeño de diversos programas, el mantenimiento de escuelas y la transportación escolar.
A la luz de la firma, el presidente de la AMPR reiteró su compromiso con trabajar junto a la American Federation of Teachers para frenar la extinción del departamento.
“En la isla, también, seguiremos insistiendo con la gobernadora, Jenniffer González Colón, así como con el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, para que tomen una postura firme y exijan al Congreso que se salvaguarde el derecho de nuestros niños y jóvenes a una educación de calidad”, sostuvo Bonilla Sánchez.
Por su parte, la presidenta de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, María Rosa Rodríguez, expresó que “Jenniffer González ha aceptado ciegamente toda la barbarie del presidente de los Estados Unidos” en referencia a la presidencia del republicano.
Similarmente, postuló que “nosotros [la APPU] ya hemos estado enfrentando ese desmantelamiento feroz y ese ataque neoliberal desde que llegó la Junta de Supervisión Fiscal”.
“Nos va a tocar organizar una resistencia y una defensa de la educación pública, no solamente desde nuestras escuelas, desde nuestras universidades y desde nuestros sindicatos, sino también desde todos los frentes nacionales e internacionales. La APPU lleva dos años reuniéndose con sindicatos docentes en USA y toda Latinoamérica que enfrentan ataques similares. Hemos estrechado lazos de solidaridad y sabemos que no estamos solos”, afirmó la presidenta de la asociación universitaria.
Sumándose al rechazo, la presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico, Mercedes Martínez Padilla, expuso la “preocupación genuina” por las implicaciones que pudiese tener el cierre de Educación en Puerto Rico.
La educadora trajo a colación cómo el desmantelamiento de la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación “representaría un grave retroceso de derechos civiles” por la incapacidad de garantizar protección ante discriminación por razón de raza o género.
“Esta medida representaría un ataque directo a las poblaciones más vulnerables, afectando a las comunidades de escasos recursos y limitando el acceso a la educación, con el potencial de abrir paso a una privatización generalizada del sistema educativo”, planteó la presidenta de la FMPR.
