WASHINGTON (AP) — Un programa federal diseñado para prevenir la violencia dirigida y el terrorismo en Estados Unidos ha perdido el 20% de su personal después de que los despidos afectaran a sus empleados en período de prueba.
El Centro para Programas y Asociaciones de Prevención fue una versión redefinida de programas creados después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 como una forma de identificar a personas que podrían representar nuevas amenazas terroristas o llevar a cabo actos de violencia, y prevenir tragedias al brindarles ayuda. Su misión es involucrar a padres, entrenadores, maestros y ministros para evitar problemas antes de que comiencen, entrenándolos para que busquen señales de problemas con anticipación.
Ese trabajo se volvió mucho más difícil después de que ocho miembros del personal del centro fueran despedidos a principios de marzo como parte de los esfuerzos de la administración Trump para reducir el gobierno eliminando a los empleados en período de prueba. Según una persona del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y un empleado del centro que fue despedido, los empleados fueron recontratados tarde el lunes, pero luego fueron puestos en licencia administrativa, tras dos decisiones judiciales del 13 de marzo que ordenaron a la administración republicana recontratar al personal despedido en período de prueba.
La administración prometió luchar contra las decisiones. Los empleados hablaron bajo condición de anonimato por temor a ser objeto de represalias.
El director del centro confirmó los despidos en un comunicado a The Associated Press. William Braniff dijo que, como su nombramiento como director estaba a punto de terminar, decidió que lo mejor que podía hacer por los empleados y por el centro era “renunciar junto a ellos, ya que algunas agencias y departamentos han recontratado a personas en oficinas críticas para la misión una vez que se dieron cuenta de las implicaciones de esos despidos”.
Braniff afirmó que hay una gran demanda por la asistencia proporcionada por el centro, conocido como CP3 por sus siglas en inglés.
“CP3 es el heredero de la misión principal y fundacional del DHS: prevenir el terrorismo”, dijo, añadiendo que el enfoque del centro “es tan efectivo para prevenir tiroteos escolares como lo es para la prevención del terrorismo”.
En una publicación en LinkedIn antes de renunciar, Braniff dijo que las solicitudes de subvenciones el año pasado aumentaron 82% y 27 estados estaban alineados para trabajar con el centro para crear planes para abordar la violencia dirigida y prevenir el terrorismo; 16 estados ya tenían planes en marcha o los estaban creando.
Los empleados despedidos incluían a extrabajadores sociales, profesionales de salud mental y funcionarios estatales de salud pública. Antes de los despidos, había más de 40 personas en el centro, la mayoría con sede en Washington, D.C.
En un comunicado, la portavoz de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, dijo que el presidente Donald Trump está liderando un esfuerzo para realizar “recortes y reformas radicales” en todo el gobierno federal para eliminar “desperdicio e incompetencia flagrantes”.
Ella dijo que los líderes del departamento “identificaron personal no crítico para la misión en estado de prueba” y agregó: “El DHS sigue enfocado en apoyar a las fuerzas del orden y la seguridad pública a través de financiamiento, capacitación, mayor conciencia pública y asociaciones”.
Tom Warrick, un exfuncionario antiterrorismo en Seguridad Nacional que ahora está en el Atlantic Council, dijo que el centro, lanzado en 2021 bajo la administración del presidente Joe Biden, estaba destinado a desarrollar proyectos que intentaran identificar a personas antes de que se vuelvan violentas, independientemente de la ideología o motivación, y encaminarlas a la ayuda a través de programas de salud comunitaria.
Warrick dijo que el centro ha estado haciendo un trabajo “pionero” y que el beneficio es “enorme” en términos de tiroteos y ataques evitados.
“Lo que realmente necesitan hacer es expandirlo, no reducirlo”, explicó.
Las subvenciones proporcionan financiamiento a gobiernos estatales, locales, tribales y territoriales, organizaciones sin fines de lucro e instituciones educativas para ayudarlos a establecer o hacer crecer sus propios programas para abordar la violencia dirigida y el terrorismo.
El centro reemplazó a la Oficina para la Prevención de la Violencia Dirigida y el Terrorismo de la era Trump, que a su vez reemplazó a un programa de la época el presidente Barack Obama llamado Contrarrestar el Extremismo Violento. Versiones anteriores del programa fueron criticadas por apuntar injustamente a comunidades musulmanas y minoritarias, y los críticos dijeron que era difícil medir los resultados.
Algunas de esas preocupaciones aún persisten, dijo Spencer Reynolds, asesor principal del Programa de Libertad y Seguridad Nacional del Centro Brennan. Señaló que el Centro Brennan ha tenido durante mucho tiempo preocupaciones sobre las protecciones de libertades civiles del programa. Incluso con el énfasis en incorporar proveedores de salud pública, dijo, todavía hay demasiado énfasis en la aplicación de la ley.
El año pasado, el centro anunció 18 millones de dólares en financiamiento de subvenciones para 35 beneficiarios.
Esas subvenciones incluyeron 700.000 dólares para policía del condado Palm Beach en Florida mientras trabajaba para “aumentar la conciencia comunitaria sobre las señales de que alguien puede estar en camino hacia la violencia”. Otros 344.982 dólares fueron para el Centro de Fusión del Suroeste de Texas para ayudarlo a expandir su equipo de evaluación y gestión de amenazas conductuales para cubrir más condados en el suroeste del estado, donde trabaja para ayudar a las escuelas a reducir la violencia.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
