La presidenta de la Asociación de Centros de Cuidado y Desarrollo del Niño (ASOCUIDA), Virmette Maldonado García, propuso este jueves una modificación al ciclo de verificación de antecedentes penales bajo la Ley 300-1999, con el fin de reducir la burocracia y mejorar la contratación de personal en centros de cuido infantil.
La propuesta de ASOCUIDA plantea extender el período de renovación a cinco años y adoptar un sistema automatizado que notifique a los patronos sobre cualquier nuevo arresto o convicción que involucre a empleados del sector.
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Esta medida, según la entidad, busca garantizar el cumplimiento efectivo de la intención legislativa de la Ley 300 y aliviar las complicaciones que generó el proceso actual.
“El proceso de verificación de antecedentes implementado el año pasado ha sido un dolor de cabeza para los solicitantes. Como entidad sin fines de lucro que representa a más de 350 Centros de Cuidado Infantil, apoyamos las iniciativas del Estado para reducir la burocracia y garantizar que la intención legislativa de la Ley 300 se cumpla en la práctica y no solo en teoría”, expresó Maldonado García.
La presidenta también explicó que el modelo sugerido incluye el uso de las certificaciones de antecedentes penales emitidas por las comandancias de la Policía, las cuales podrían utilizarse para cumplir con los requisitos anuales de verificación mientras se implementa el nuevo sistema.
Maldonado García subrayó que la seguridad de los menores sigue siendo una prioridad. No obstante, indicó que los retrasos actuales en el proceso de verificación afectan directamente la contratación de personal calificado, lo que a su vez compromete el acceso de muchas familias a servicios de cuidado infantil.
“Queremos un proceso que sea seguro, pero también eficiente. Si no podemos contratar personal a tiempo, los niños y las familias pierden”, recalcó.
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A nivel federal, el Child Care and Development Fund (CCDF) establece la obligación de verificar los antecedentes de quienes trabajan en el cuidado infantil, aunque no especifica cada cuánto deben hacerse estas revisiones. Esta responsabilidad recae en los estados, lo que ha permitido que se adopten modelos más flexibles en otras jurisdicciones.
“En jurisdicciones como California, la revisión de antecedentes se realiza cada dos años, mientras que Texas adopta un ciclo de cinco años. Esto demuestra que un período de cinco años es una práctica aceptada que equilibra seguridad y eficiencia”, explicó Maldonado García.
La Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico evaluará la viabilidad de esta propuesta como parte de una investigación más amplia sobre los procesos de verificación de antecedentes penales. Esta pesquisa está amparada en la Resolución del Senado 24 (R. del S. 24), impulsada por la senadora Jamie Barlucea Rodríguez.
“La intención de la Ley 300-1999 es evitar que personas con antecedentes delictivos accedan a trabajar con menores y poblaciones vulnerables. Sin embargo, la burocracia y la falta de un proceso eficiente están afectando el cumplimiento de su propósito”, concluyó la presidenta de ASOCUIDA.
