El decreto del presidente Donald Trump que ordena cambios amplios en la forma como se llevan a cabo las elecciones en Estados Unidos es vasto en alcance y tiene el potencial de reorganizar el panorama electoral en todo el país, aun cuando es casi seguro que enfrentará litigios.
Trump quiere exigir que los votantes muestren prueba de que son ciudadanos estadounidenses antes de poder registrarse para las elecciones federales, contar sólo las boletas por correo o en ausencia recibidas hasta el día de las elecciones, establecer nuevas reglas para el equipo de votación y prohibir que los no ciudadanos estadounidenses puedan donar en ciertas elecciones.
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Una pregunta básica subyacente a las acciones amplias que firmó el martes: ¿Puede hacerlo, dado que la Constitución otorga una amplia libertad a los estados para desarrollar sus propios procedimientos electorales? Aquí están algunos de los puntos principales de la orden ejecutiva y las preguntas que plantea.
La orden de Trump pide que se modifique el formulario de registro de votantes federales para que los solicitantes proporcionen prueba documental de que son ciudadanos estadounidenses, como un pasaporte o un acta de nacimiento.
También dice que los estados deben entregar sus padrones electorales y los registros de mantenimiento de dichos padrones al Departamento de Seguridad Nacional y al Departamento de Eficiencia Gubernamental para su revisión, y ordena a las agencias federales compartir datos con los estados para ayudarlos a identificar a los no ciudadanos en sus padrones.
Si los estados se niegan a colaborar con las agencias policiales federales para procesar delitos electorales, podrían perder subvenciones federales, dice la orden.
El voto por parte de no ciudadanos, que ya es un delito grave en las elecciones federales que puede llevar a prisión y deportación, es extremadamente raro. Aun así, Trump afirmó falsamente en 2024 que podría ocurrir en números lo suficientemente grandes como para influir en el resultado de la elección presidencial, y ha sido una prioridad conservadora en los últimos meses.
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Los republicanos han estado tratando de que se exija prueba documental de ciudadanía a través del Congreso, un objetivo que esta orden busca alcanzar. Los grupos defensores de los derechos electorales han expresado su preocupación por tal requisito, diciendo que podría privar de sus derechos a millones de estadounidenses que no tienen una prueba de ciudadanía a la mano.
La orden requiere que los votos sean "emitidos y recibidos" a más tardar el día de las elecciones, y dice que la financiación federal debería estar condicionada al cumplimiento de ese plazo por parte de los estados. Actualmente, 18 estados y Puerto Rico aceptan boletas enviadas por correo después del día de las elecciones siempre que el matasellos sea de esa fecha o anterior, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales.
Quizás ningún estado sea más notorio por los conteos de votos prolongados que California, el más poblado del país. Permite que las boletas se cuenten si se reciben hasta siete días después de la elección siempre que estén mataselladas el día de las elecciones.
La mayoría de los votantes de California usan las boletas que reciben por correo, y en la búsqueda de precisión, exhaustividad y de contar cada voto, el estado se ha granjeado una reputación por conteos que pueden prolongarse durante semanas o incluso un mes. En una elección primaria para la Cámara de Representantes federal en el norte de California el año pasado, un recuento resolvió el resultado casi dos meses después de la elección. En ese momento, la secretaria de gobierno Shirley Weber, quien supervisa las elecciones, dijo en un comunicado: "Entiendo que la gente quiere algo definitivo, pero la precisión es de suma importancia".
Pero los conteos prolongados han generado temores de que podrían socavar la confianza de los votantes, más que reforzarla. En 2018, el entonces presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, describió el sistema electoral de California como "extraño", en un año en que los demócratas ganaron una serie de escaños de la Cámara de Representantes que habían estado en manos de los republicanos.
En un comunicado, el senador demócrata de California Alex Padilla dijo que la orden de Trump "no hace nada para mejorar la seguridad de nuestras elecciones federales; lo que haría es privar de sus derechos a millones de votantes estadounidenses que cumplen con los requisitos" actuales.
Padilla, quien anteriormente se desempeñó como principal funcionario electoral de California, dijo que Trump "carece de la autoridad para implementar muchos de los cambios establecidos en esta orden ejecutiva ilegal".
El decreto ejecutivo ordena a la Comisión de Asistencia Electoral enmendar sus directrices para los sistemas de votación para proteger la integridad electoral. Eso incluiría orientación de que los sistemas de votación no deberían depender de boletas que utilicen códigos de barras o códigos QR en el proceso de conteo de votos.
Trump ordenó a la comisión "tomar las medidas apropiadas para revisar y, si es apropiado, recertificar los sistemas de votación" bajo esos nuevos estándares dentro de los seis meses posteriores a la orden.
En Georgia, un importante campo de batalla presidencial, prácticamente todos los votantes en persona utilizan máquinas de votación con una gran pantalla táctil para registrar sus votos. Las máquinas luego imprimen una boleta en papel con un resumen legible por humanos de las selecciones del votante y un código QR, un tipo de código de barras que es leído por un escáner para contar los votos.
No está completamente claro cómo afectaría la orden ejecutiva a Georgia y otras jurisdicciones en todo el país que utilizan estas máquinas.
Los representantes del secretario de gobierno Brad Raffensperger no respondieron por el momento mensajes enviados en busca de comentarios. La Legislatura de Georgia aprobó el año pasado una ley que requiere que los códigos QR sean eliminados de las boletas para julio de 2026.
La orden toma medidas contra los ciudadanos extranjeros que contribuyen o donan en las elecciones de Estados Unidos. Es un tema que se ha estado caldeando en los últimos años en los estados, ya que los republicanos buscan reducir la influencia del multimillonario suizo Hansjörg Wyss.
Wyss, que vive en Wyoming, ha donado cientos de millones de dólares a organizaciones sin fines de lucro 501(c) que apoyan causas liberales. Uno de esos grupos, el Sixteen Thirty Fund, donó un total de 3,9 millones de dólares para consagrar protecciones al aborto en la Constitución de Ohio. También ayudó a frustrar una propuesta de enmienda constitucional promovida por los republicanos de Ohio el verano anterior que habría hecho más difícil aprobar futuras enmiendas constitucionales.
Durante el periodo previo a la elección presidencial del año pasado, los legisladores republicanos vincularon la aparición del entonces presidente Joe Biden en la boleta electoral de otoño de Ohio a la aprobación de una medida para prohibir contribuciones de individuos, empresas, gobiernos o partidos políticos extranjeros a campañas a favor o en contra de enmiendas propuestas a la Constitución estatal.
Otros estados han seguido su ejemplo, entre ellos Kansas, que aprobó un proyecto de ley casi idéntico este mes después de escuchar el testimonio del secretario de gobierno de Ohio. Al igual que el proyecto de ley de Ohio, parece ser en parte una respuesta a una campaña exitosa para proteger los derechos al aborto en Kansas, que recibió dinero del Sixteen Thirty Fund. La gobernadora demócrata Laura Kelly no ha dicho públicamente si lo firmará.
El gobierno federal desempeña un papel bastante limitado en las elecciones estadounidenses. El Artículo I, Sección 4, de la Constitución otorga a los estados la autoridad para determinar los "tiempos, lugares y manera" en que se llevan a cabo las elecciones. La llamada "Cláusula de Elecciones" no entra en los detalles de los procedimientos de votación o conteo de boletas; esos detalles se dejan a los estados, pero otorga al Congreso el poder de "hacer o alterar" las regulaciones electorales, al menos para cargos federales.
No menciona ningún papel para el presidente o el poder ejecutivo en la regulación de las elecciones. Biden emitió un decreto ejecutivo en 2021 en el que ordenó a las agencias federales que tomaran medidas para promover el acceso al voto, pero los republicanos en ese momento argumentaron que la orden era inconstitucional y excedía la autoridad del presidente. Trump rescindió la orden de Biden este año.
Los defensores de los derechos de voto han comenzado a hacer argumentos similares contra la orden de Trump.
"Un presidente no establece la ley electoral y nunca lo hará", dijo Virginia Kase Solomón, presidenta y directora general de Common Cause, una organización activista que apoya ampliar acceso de los votantes.
Sophia Lin Lakin, directora del Proyecto de Derechos de Voto de la ACLU, calificó partes centrales de la orden ejecutiva como "una extralimitación flagrante que amenaza con privar de sus derechos a decenas de millones de votantes elegibles".
Dada la larga historia de elecciones descentralizadas y administradas por los estados en la nación, cualquier intento de cambiar las leyes electorales estatales mediante decreto ejecutivo probablemente será objeto de impugnaciones en los tribunales. Marc Elias, un destacado abogado electoral de filiación demócrata, prometió exactamente eso.
"Hace unos momentos, Donald Trump firmó un decreto masivo de supresión de votantes", dijo en una publicación en redes sociales. "Esto no se sostendrá. Vamos a demandar".
En última instancia, los tribunales decidirán hasta dónde puede llegar Trump en la reforma de los procedimientos electorales.
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Los periodistas de The Associated Press Michael R. Blood en Los Ángeles, Kate Brumback en Atlanta, Julie Carr Smyth en Columbus, Ohio, Ali Swenson en Nueva York y Robert Yoon en Washington contribuyeron a este despacho.
