Senadores que participaron el miércoles de una Comisión Total Especial en Villalba se comprometieron a atender los problemas fiscales de los municipios del Distrito de Guayama y buscar soluciones a los reclamos presentados por sus alcaldes.
“Hoy, a diferencia de ayer, hay un Senado que vino aquí, a Villalba, a darle la cara a la gente, a decirle vamos a levantar a Villalba y a todo Puerto Rico”, dijo el líder senatorial, al anunciar que radicará dos proyectos solicitados por el alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla.
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“Esta lucha no es de partidos. Esta lucha es por nuestro país, por nuestra gente. Les convoco a dejar a un lado las diferencias hoy, de verdad, de corazón, y que tracemos juntos una ruta que beneficie a los que viven en nuestros pueblos”, expresó el senador del Partido Popular Democrático (PPD), Luis Javier Hernández Ortiz.
Por su parte, el senador independiente Eliezer Molina Pérez cuestionó la dependencia de fondos estatales y federales en la administración municipal.
“Todos están pidiendo fondos donde se puedan subsanar las operaciones de los municipios. No he visto a ninguno planteando aquí cómo se estructura para generar capital. Hay que eliminar esa dependencia y estar pensando en que administrar un municipio es solo manejar fondos asignados”, sostuvo.
La senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, advirtió sobre la insostenibilidad del modelo administrativo municipal.
“La mayoría de los municipios, en este caso del Distrito de Guayama, pero también aplica para el resto del país, enfrentan retos fiscales significativos que desde mi perspectiva se traducen en una insostenibilidad del modelo administrativo municipal actual”, expresó.
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Por su parte, la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago, lamentó la falta de un plan coherente a nivel central.
“Si revisáramos las notas de actividades similares celebradas en cuatrienios anteriores escucharíamos señalamientos parecidos, si no idénticos, a temas como el manejo de desperdicios sólidos, animales en las calles o el mantenimiento de la infraestructura. Hay cosas que o se hacen ahora o no se van a hacer nunca”, puntualizó.
Los senadores acordaron continuar el diálogo con los alcaldes y municipios para impulsar legislación y acciones que ayuden a resolver los problemas que enfrentan los pueblos del sur.
El alcalde de Villalba, Dan Santiago, declaró su preocupación respecto a la crisis presupuestaria de los municipios de la isla, en especial de los pueblos de su zona. Desde su primer día al mando de Villalba, Santiago declaró un Estado de Emergencia Fiscal mediante una Ordenanza Municipal y creando un Comité Financiero para identificar áreas de reestructuración de deuda.
“Entre las deudas más notables resaltan sobre $2.5 millones adeudados a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, que actualizada al presente asciende a $3.4 millones. Más de un millón de dólares al CRIM, $900 mil al Plan Médico de Empleados, $600 mil a la Administración de Servicios Generales por conceptos de gasolina, y otros conceptos como pensiones, bonos, reclamaciones judiciales, y otras cuentas por pagar”, aseveró.
Por otro lado, el alcalde de Cidra, Delvis Pagán Clavijo anticipó uno de los mayores retos para el Distrito de Guayama, en el estado comprometido de las carreteras y déficit económicos para costear los gastos operacionales de los municipios.
“El Municipio de Cidra, al igual que otros municipios, enfrenta grandes desafíos debido a las cargas económicas impuestas por la Ley 27-1993 y el modelo “Pay as you Go”. Necesitamos una reforma fiscal que permita aliviar nuestra carga y garantice una mayor capacidad de inversión en proyectos esenciales para el bienestar de nuestros ciudadanos”, expresó Pagán Clavijo.
Según su ponencia, el presupuesto del municipio para el año fiscal 2024-2025 asciende a aproximadamente $15,164,588; del cual, un $10,968,903 se destina exclusivamente a la nómina. Por otro lado, la deuda pública para el año fiscal alcanza los $1,501,428.
El alcalde de Guayama, O’Brian Vázquez hizo eco de las palabras del alcalde de Cidra y consideró urgente la reparación de las carreteras estatales en su municipio. “El deterioro significativo de estas vías afecta no solo la movilidad ciudadana, sino también la economía local y el acceso a servicios esenciales. De igual manera, la canalización del Río Guamaní se presenta como una necesidad imperativa para la seguridad de la población, evitando las recurrentes inundaciones que causan pérdidas materiales y humanas”, explicó.
Otro proyecto que mencionó para su municipio fue la adquisición del antiguo Hospital Santa Rosa para la creación de un Centro Integrado de Salud y Seguridad. Esta iniciativa buscaría optimizar la prestación de servicios, mejorando la coordinación entre las dependencias municipales de salud y seguridad. Asimismo, adelantó que es importante la construcción de un Centro Deportivo para Deportes de Combate, para impulsar el desarrollo deportivo.
Por su parte, el alcalde de Orocovis, Jesús Colón Berlingieri añadió que el mantenimiento de las vías principales es fundamental para el desarrollo económico. “Al igual que todos los municipios de la zona central, el mantenimiento óptimo de nuestras principales vías es primordial para la seguridad y el desarrollo económico de nuestro pueblo. La carretera PR-155 representa el acceso principal a nuestro municipio, siendo utilizado no solo por nuestros residentes, sino por una gran cantidad de turismo interno y externo que nos visita gracias a nuestra gran diversidad gastronómica y al Parque Recreativo Toro Verde”, sentenció el alcalde de Orocovis.
Entre sus propuestas, solicitó una investigación para la expansión de la carretera PR-155 desde su comienzo en la intersección con la PR-137 en Morovis hasta la jurisdicción de Orocovis y que se le solicite al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) que establezca mayores medidas para la seguridad. Igualmente, hizo la petición para conocer el estado de mejoras en carreteras estatales de su municipio que sufrieron daños por eventos atmosféricos.
Asimismo, Colón Berlingeri consideró importante realizar mejorar en el Área Recreativa del Bosque Toro Negro, que sufrieron daños por huracanes y no han recibido el apoyo de FEMA por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.
Por otro lado, el alcalde de Santa Isabel, Meldwin Rivera Rodríguez, aprovechó para ofrecerle propuestas al cuerpo legislativo. Entre lo que destacó ofrecer un aumento en la aportación mediante la Ley 53-2021 para mitigar el impacto del fondo de equiparación de más de $1.2 millones de dólares; que se considere el aumento en los fondos a la Ley de Servicios Esenciales; y una revisión de decretos contributivos.
De igual forma, exhortó a tomar acción para acabar con el problema de seguridad que implican los animales realengos (caballos y perros), pues explicó que semanalmente ocurren accidentes con equinos en la PR-52 en ambas direcciones, de Santa Isabel a Salinas por la altura de las salidas 76 y 77.
En lo respectivo a Arroyo, su alcalde Eric Bachier pidió al gobierno central ayuda y asistencia en el dragado de la Bahía de Arroyo pues, a raíz de situaciones climáticas ha sufrido la abundancia de arena y la imposibilidad de navegar embarcaciones.
“Las mejoras a la Bahía del Malecón de Arroyo son necesarios ya que, como parte de la erosión costera o los cambios climáticos ha sufrido, de cierta manera, la abundancia de arena en nuestra bahía y ya prácticamente lo que era un área de uso para el disfrute de lanchas, embarcaciones y pescadores, prácticamente está inoperante”, explicó el alcalde de Arroyo.
De igual forma, solicitó al Alto Cuerpo un proyecto que permita la reactivación del Comité Pro-Desarrollo del Tren del Sur, para conectar su pueblo hasta Ponce. También, comentó que es necesario la adquisición de hospital en desuso para la población envejeciente.
El alcalde de Aibonito, William Alicea expresó que, su principal interés es que se promueva la instalación de líneas de telecomunicaciones de manera soterrada, de modo que se afecte mínimamente las servidumbres municipales.
“La instalación de postes de madera, que tienen una vida útil menor, en algunas ocasiones se han caído o desprendido, ocasionando accidentes que pueden poner en riesgo la vida y/o seguridad de nuestros habitantes. En virtud de lo anterior, nos permitimos sugerir que previo a la autorización para la instalación de postes en las servidumbres municipales, la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones requiera a las empresas de telecomunicaciones un estudio de viabilidad para determinar la deseabilidad de que las líneas a ser instaladas se efectúen de manera soterrada”, agregó Alicea.
Ramón Hernández, alcalde de Juana Díaz, solicitó la creación de una Comisión Investigativa que lleva a cabo una auditoría sobre los decretos contributivos aprobados por el Departamento de Desarrollo Económico.
“Esta auditoría debe verificar el cumplimiento estricto de los compromisos contractuales asumidos por estas empresas beneficiadas. De encontrarse en incumplimiento, se debe exigir el resarcimiento correspondiente, incluyendo a los municipios que han dejado de percibir. Esta solicitud responde a un reclamo reiterado de los municipios, que vemos afectados nuestros ingresos sin contar con un proceso de evaluación justo y transparente en la aprobación de estos incentivos”, sentenció.
Finalmente, el alcalde de Cayey, Rolando Ortiz consideró oportuno regresar a las mesas de trabajo entre los alcaldes y legisladores para crear proyectos y legislación de impacto positivo a los ciudadanos.
Entre los deponentes, también expusieron sus preocupaciones el alcalde de Comerío, Irvin Rivera; el alcalde de Barranquitas, Elliot Colón; y el alcalde de Coamo Juan Carlos García. Por su parte, la alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla, no estuvo presente, sin embargo, envió un memorial para la consideración del Alto Cuerpo.
