El Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica (ICSE) solicitó a la Autoridad de Alianzas Público-Privadas (AAPP) acceso a un estudio realizado por la firma FTI que se utilizó como base para solicitar una enmienda al contrato de Genera PR, que elimina las bonificaciones y aumenta el pago por servicios.
Además, el ICSE radicó una moción en el Negociado de Energía solicitando acceso al informe.
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“Estas acciones fueron necesarias porque la APP y el Negociado no han permitido acceso al informe de FTI”, dijo el licenciado Fernando Agrait, asesor legal de ICSE.
“Nuestra misión como organización sin fines de lucro es promover el desarrollo sostenible y bienestar socioeconómico de Puerto Rico, por lo cual tenemos la responsabilidad y derecho a entender cuál es el alegado beneficio para el consumidor al enmendar el contrato de Genera para aumentar lo que se le paga por el servicio a cambio de eliminar las bonificaciones. Según la Gobernadora, esta enmienda redundaría en un ahorro de más de $800 millones, pero sin acceso al informe de FTI no hay manera de saber si eso es así”, añadió.
Agrait indicó que el informe es un documento público, según definido por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, que entiende como público “todo documento que se origina, conserve o reciba en cualquier dependencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico …”
El licenciado adelantó que pudiera ser limitado si aplicara el privilegio de abogado-cliente, pero el FTI no es un bufete legal.
“El informe de FTI es un instrumento financiero y administrativo y, de haber un privilegio, se rompe al compartir el documento con la Autoridad de Energía Eléctrica y Genera porque la presencia de terceras personas que nada tienen que ver con el asesoramiento legal es indicio de que no hay expectativa de confidencialidad”, expresó.
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Por otra parte, ICSE argumenta que la ley que creó la AAPP indica en su exposición de motivos que se debe “alentar la transparencia por parte del Estado en la negociación y acuerdos para la firma contratante”. Y en este caso, “exigimos el derecho a la transparencia”.
El asesor legal de ICSE concluyó que “esto es la administración del patrimonio generatriz de Puerto Rico tiene unas repercusiones inmensas en la calidad de vida y en la competitividad de nuestros negocios y, por ende, la sostenibilidad económica de Puerto Rico”.
“No se puede argumentar que hay un ahorro y tomar ventaja política de ese anuncio y no permitirle a la ciudadanía saber cuál es el costo en la realidad de ese contrato”, finalizó.
Mira aquí el documento:
