La gobernadora Jenniffer González Colón continúa avanzando su agenda legislativa con la radicación de 36 medidas ante la Asamblea Legislativa, dos de las cuales ya han sido convertidas en ley.
Entre las propuestas más recientes se destacan dos proyectos que buscan “prevenir la corrupción pública y privada en los contratos de Alianza Público-Privada con el Gobierno de Puerto Rico y otra crea la Junta Apelativa de Relaciones Laborales de Puerto Rico”.
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Uno de estos proyectos es la Medida de Administración 32 (A-032), que propone enmendar la Ley de Alianzas Público-Privadas (Ley 29-2009) para establecer controles más estrictos sobre los contratos con el Gobierno de Puerto Rico. La medida incluye una cláusula de certificación obligatoria para toda persona o empresa que interese o que haya obtenido un contrato de alianza, garantizando que no subcontratará bienes o servicios a familiares, socios, exempleados o entidades relacionadas.
“Seguimos cumpliendo con nuestro programa de Gobierno que le ofrecimos al pueblo, en donde nos comprometimos en hacerle frente a la corrupción y esta medida es parte de esos esfuerzos”, expresó González Colón.
La funcionaria explicó que la medida busca evitar contratos a sobreprecio y prevenir que el pueblo pague en sus facturas de luz por ineficiencias administrativas, especialmente en el sector energético.
El proyecto también establece que, en casos excepcionales donde se permita contratar a empresas relacionadas o dirigidas por exempleados, deberá demostrarse que no existe ninguna otra compañía —local, nacional o internacional— que pueda ofrecer los mismos servicios a igual o menor costo. Toda excepción deberá ser justificada por escrito y aplicada de la manera más restrictiva posible. Asimismo, se faculta al Contralor de Puerto Rico, a la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas y a otras entidades pertinentes a establecer normas para garantizar el cumplimiento de la medida.
Por otro lado, la Medida de Administración 36 (A-036) propone la creación de la Junta Apelativa de Relaciones Laborales de Puerto Rico, un nuevo ente cuasi-judicial que centralizará la adjudicación de controversias laborales, actualmente divididas entre distintos organismos como la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP), la Junta de Relaciones del Trabajo (JRT) y la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA).
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“El objetivo de la medida es fortalecer los derechos de los trabajadores y patronos mediante procesos uniformes, expeditos y accesibles. Además de optimizar los recursos públicos, mejorar la calidad del servicio, e impulsar la confianza pública mediante mayor transparencia y rendición de cuentas”, indicó.
También expresó que “la existencia de múltiples foros conllevaba decisiones contradictorias sobre temas similares”. “La Junta permitirá unificar criterios y promover seguridad jurídica y estabilidad laboral, tanto en el sector público como privado”, concluyó.
El proyecto también establece términos concretos para la atención y resolución de casos; promueve la digitalización de trámites, incluyendo radicación electrónica y el uso de tecnologías emergentes. Con la consolidación de oficinas, personal y estructura administrativa, se eliminan gastos operacionales duplicados (rentas, sistemas, equipo, etc.). Además, el proyecto transfiere empleados con estatus de carrera a la nueva Junta, respetando todos sus derechos previamente adquiridos.
