La Cámara de Representantes ordenó, a través de una medida aprobada este lunes en la sesión ordinaria, el desarrollo de un estudio a cargo de Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) sobre la potencial utilidad de la inteligencia artificial (IA) como una herramienta de supervisión adicional para optimizar los procesos en el gobierno.
La Resolución Conjunta de la Cámara 68, de la autoría del presidente cameral Carlos “Johnny” Méndez Núñez, propone la incorporación de IA para facilitar los procesos de investigación, auditoría, mitigación de riesgos y control de gastos en las instituciones públicas.
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Para el líder legislativo, los esfuerzos realizados por las entidades fiscalizadoras, como la Oficina del Inspector General (OIG), el Contralor (OC), la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) y el Departamento de Justicia (DJ), requieren este fortalecimiento.
“La implementación de nuevas tecnologías, como la IA, llega como una opción innovadora inclusive para fortalecer los mecanismos de supervisión y control del gasto público. Entendemos meritorio que se estudie seriamente cuáles son las alternativas que existen hoy día para atajar de forma contundente y eficaz el problema decenario de la corrupción en nuestra Isla”, indicó Méndez Núñez.
Como parte del estudio, PRITS deberá considerar la implementación de sistemas de detección automatizada mediante algoritmos que analicen grandes cantidades de datos gubernamentales en tiempo real y descubran patrones sospechosos.
La agencia también auscultará la utilización de IA para crear modelos predictivos que identifiquen áreas de alto riesgo dentro del gobierno, herramientas de análisis forense para auditorías en casos de fraude, instrumentos de monitoreo del uso de fondos públicos y el diseño de “chatbots” para realizar denuncias anónimas de posibles actos de corrupción.
Según la exposición de motivos de la resolución, en octubre del año pasado se publicó que la IA ayudó al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a examinar cantidades masivas de datos y descubrir fraudes con cheques por valor de $1,000 millones en el año fiscal 2024, casi el triple de lo que recuperó en el año fiscal anterior.
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Estados como Michigan, Oregon, Vermont y Oklahoma están en miras de establecer modelos similares al propuesto.
Exigen informes al Negociado de Energía
El cuerpo legislativo respaldó con 42 votos a favor el Proyecto de la Cámara 422, que busca obligar al Negociado de Energía (NE) la entrega anual a la Asamblea Legislativa de un informe sobre el progreso para reducir la producción de energía derivada de combustibles fósiles hasta la eliminación total de estas fuentes.
La legislación del representante Víctor Parés Otero impone, además, que el ente independiente determine en un reporte más amplio, que deberá ser presentado cada cinco años, el porcentaje requerido hasta alcanzar el 100 por ciento de energía renovable para el 2050.
“Buscamos mantener la fuerza de ley para exigir al Negociado de Energía que cada cinco años le rinda un informe tanto a Cámara, como a Senado, sobre dónde estamos con las metas de energía renovable”, indicó Parés Otero, quien explicó, en un turno sobre la medida, que la determinación de estas métricas será fundamentada con datos científicos y estudios del mercado.
La medida recibió la oposición de la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), de la portavoz de Proyecto Dignidad (PD), Lisie Burgos Muñiz, y de la representante popular Sol Higgins Cuadrado.
La representante Adriana Gutiérrez Colón mostró reparos con la pieza legislativa al señalar que estas métricas ya estaban contempladas en las metas intermedias de la Cartera de Energía Renovable que se eliminaron con la recién aprobada la Ley 1-2025.
