Con el propósito de aumentar la fiscalización en el deporte juvenil, la Comisión de Recreación y Deportes de la Cámara de Representantes discutió este martes la implementación en ley de un código de ética para entrenadores, atletas y directivos en Puerto Rico.
Se trata del Proyecto de la Cámara 303, de la autoría del presidente de la comisión cameral Luis J. Jiménez Torres, el cual busca establecer un marco legal de comportamiento que prohibirá el abuso infantil, conducta sexual inapropiada, hostigamiento, ente otros actos delictivos, para todos los participantes de deportes juveniles no profesionales.
PUBLICIDAD
“Es un día de denunciar con firmeza los actos inaceptables de violencia emocional, verbal e, incluso, física por parte de entrenadores hacia jóvenes atletas que ven en el deporte una oportunidad de crecimiento, y no un escenario de abuso”, manifestó el legislador.
“Es intolerable que quienes deben servir como guías y mentores se conviertan en agresores”, agregó.
La intención legislativa fue apoyada por el Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR), el Departamento de Recreación y Deportes (DRD) y la Oficina del Procurador del Ciudadano (Ombudsman).
Sin embargo, la presidenta del COPUR, Sara Rosario, indicó que administrar el Código de Ética, como promueve la legislación, pondría a la organización en conflicto por falta de jurisdicción sobre las 33 federaciones afiliadas. Además, explicó que el COPUR, precisamente, es la autoridad que atiende los casos por conductas antiéticas que son llevados ante el Tribunal Apelativo y de Arbitraje Deportivo (TAAD).
La ejecutiva deportiva recordó que la entidad aprobó en asamblea el pasado 26 de marzo un nuevo Código de Ética para los miembros del COPUR y la Política y Protocolo de Prevención de Acoso y Hostigamiento Sexual, según exigió la Ley 133-2024.
PUBLICIDAD
“Estamos disponibles para colaborar con la aprobación de esta medida por entender la importancia de que el deporte tenga mejores herramientas de desarrollo para el beneficio de todos”, dijo Rosario.
En su ponencia, el DRD recomendó que se incorporen los protocolos y reglamentos vigentes relacionados a la protección de los menores en el deporte y los diversos Códigos de Ética aplicables a los entrenadores y atletas.
Edwin Hernández, director interino del Instituto Puertorriqueño del Deporte, afirmó la necesidad de reforzar la obligación de las licencias para los entrenadores y oficiales deportivos, dispuesto en el Reglamento Núm. 7690 de 2009.
“Definitivamente, hay que obligar a la gente a sacar licencia. Tienen que tomar cursos, tienen que prepararse y es una manera de llevar un registro en el Departamento de cuáles entrenadores u oficiales están capacitados para trabajar, y preparados”, destacó.
Por su parte, el Ombudsman Edwin García Feliciano, encomendó la inclusión de otros participantes, como los padres de jóvenes atletas y espectadores en los eventos deportivos, dentro del Código de Ética. A juicio del funcionario, estos integrantes del ámbito deportivo muchas veces incurren en conductas que perjudican la salud emocional y física de los competidores.
“Hay momentos donde es una especie de hostigamiento silente de ese padre hacia ese hijo, que posiblemente alguien pueda decir que eso no tienen ningún efecto. Tiene un efecto tremendo porque le causa una inseguridad a ese muchacho extraordinaria”, aseguró García Feliciano.
La Comisión de Recreación y Deportes también evaluó el Proyecto de la Cámara 408, presentado por Jiménez Torres, con el fin de garantizar que los menores de edad tengan asistencia psicológica en todo evento deportivo.
Aunque coincidieron en que la intención es loable, tanto el COPUR como las agencias consultadas mostraron preocupación con la falta de presupuesto y psicólogos deportivos necesarios para cumplir con la propuesta legislativa.
El DRD sugirió enmendar el lenguaje de la medida para que los organismos deportivos, al momento de organizar un torneo o liga, presenten un acuerdo con el servicio disponible de psicología en el tiempo de duración del evento.
De esta manera, los participantes podrán recibir el servicio en aquellos casos que la situación esté vinculada a la actividad deportiva y sean referidos a otra agencia gubernamental según la magnitud del asunto.
Por su parte, el presidente de la corporación Buzzer Beater, Bryan Eloy García, comentó en un memorial explicativo que el proyecto no contempla de quién será la responsabilidad de un seguimiento de casos, más allá de establecer la disponibilidad del profesional de la salud mental de manera inmediata.
Puntualizó que “esta medida promueve la seguridad y atención adecuada de nuestros jóvenes al sufrir colapsos mentales. Una vez atendidas nuestras preocupaciones en la implementación de este servicio, estaremos en posición de favorecer”.
