La gobernadora, Jenniffer González Colón y el secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés insistieron el miércoles que a pesar de la cancelación de los fondos relacionados al COVID-19 por parte del gobierno federal, los servicios no se verán afectados.
Según González Colón, tampoco se suponía que esos fondos se utilizaran para otros asuntos.
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“¿Cómo tú justificas el uso de fondos para atender la pandemia del COVID para el pago de un guardia de seguridad? ¿Cómo tú justificas eso para arreglar una columna corta? ¿Cómo tú justificas eso para el pago de otras cosas? Nosotros también tenemos que evitar señalamientos federales. En este caso, fue la Junta Fiscal quien le hizo requerimientos al departamento sobre cómo se iba a utilizar el dinero. Así que nosotros vamos a descansar en eso. Pero ha habido múltiples señalamientos en otras jurisdicciones sobre el uso de estos fondos ARPA, y yo quiero ser bien cautelosa con eso y con el cumplimiento”, dijo la gobernadora en conferencia de prensa.
“Por eso es que, en lo que tenga que ver con Título I, los fondos van a estar ahí. Eso es prioridad de esta administración. Los fondos de Educación Especial van a estar ahí. Eso es política pública de esta administración. Yo prefiero cortar gastos administrativos, gastos de contratos, gastos de publicidad y otro tipo de gasto antes que cortar servicio directo a estudiantes y maestros”, añadió.
Por su parte, Ramos Parés señaló: “yo no soy una persona que tiende a crear pánico y alarma. Si tuviera que hacerlo, lo haría, pero no quiero alarmar a la gente. Hoy por hoy se está difundiendo que va a haber despidos. La realidad es que no. El Departamento se ha venido preparando para esto. No me atribuyo necesariamente la preparación, pero reconozco que ha habido un camino trazado. Estamos hablando de sobre cinco billones de dólares que recibió el Departamento de Educación para fomentar la educación mediante los llamados fondos de emergencia para COVID. Estos fondos incluían atender la emergencia y preparar al sistema para futuros eventos, mejorando el ofrecimiento académico en las escuelas. Cerca del 90 por ciento de estos fondos ya se han utilizado. El último ‘grant’ permitió obligar fondos hasta el 30 de septiembre de 2024. Esa obligación implica que ya se emitieron contratos u órdenes de compra. La administración anterior, ante la liquidez que aún existía, solicitó una extensión hasta marzo de 2026. El Departamento enfrentó varios retos, como la congelación de fondos tras la designación de un síndico, que fueron superados con gestiones posteriores. A mi llegada en enero, esperábamos que los fondos estuvieran agotados. Sin embargo, en obras de infraestructura no se puede predecir todo”.
Sobre la reparación de las escuelas con columna corta, mencionó que “quedan pocas escuelas en proceso. Hubo cambios de órdenes que han retrasado los trabajos, pero se espera que concluyan para verano”.
“Mantenimiento y seguridad también forman parte de las áreas atendidas con estos fondos, por requerimiento de la Junta. Hoy, las prioridades son mantenimiento, seguridad y terapias de educación especial. Plan A consiste en presentar al gobierno federal un plan para continuar usando los fondos. El Departamento está listo para justificar su uso y recuperar fondos rápidamente. Plan B incluye identificar fondos internos y cambiar prioridades. Se evalúa también un Plan C con posibles reasignaciones presupuestarias. Se ha mantenido el diálogo con el tercer sector y se garantiza que no se destituirá personal por esta razón. Tampoco se han cancelado contratos; simplemente se han detenido hasta tener mayor claridad. La prioridad sigue siendo que las escuelas cuenten con los recursos necesarios”, expresó.
