La senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, expresó su oposición al Proyecto del Senado 1, destacó que el proyecto plantea la posibilidad de que estudiantes objeten el contenido de materias como biología, química y física por razones religiosas, lo que, en su opinión, conduciría a una segregación educativa.
“El efecto terriblemente nocivo de permitir que a ese estudiante se le prive del conocimiento de la ciencia, del saber que tomó cientos de años desarrollar, es una privación del conocimiento y una entrega al Estado de la obligación de decidir cuán sincera es una persona en sus creencias”, sostuvo.
En cuanto a la salud pública, la senadora alertó sobre las implicaciones de la legislación en materia de vacunación. Según explicó, la medida profundizaría el retroceso en la primacía científica en las políticas de salud y aumentaría el riesgo de enfermedades prevenibles.
“Aquí hubo un momento en que morían miles de niñas y niños por enfermedades que ha costado siglos erradicar. Personas que toda la vida tuvieron que cargar con la discapacidad generada por la polio. Todas esas enfermedades hoy podemos prevenir gracias al avance de la ciencia”, afirmó.
Santiago también advirtió que el proyecto facilitaría la legalización del discrimen en servicios esenciales, incluyendo la atención médica. Explicó que, de aprobarse, permitiría que empleados del Departamento de Salud se nieguen a brindar servicios a personas de la comunidad LGBTQ+ alegando razones religiosas.
“Una persona trans llega a un espacio del Departamento de Salud y alguien alega que, por motivos de fe, le parece ofensiva la identidad de esa persona y le dice: ‘No te voy a dar el servicio’. En ese momento se activará un protocolo que pondrá en evidencia a esa persona, generando una situación indigna, humillante y discriminatoria”, denunció.
En su intervención, la senadora cuestionó la falta de evidencia que justifique la necesidad del proyecto. Según afirmó, no se han documentado casos en los que la libertad religiosa de alguien haya sido vulnerada en Puerto Rico.
“Ni una sola reclamación, ni una sola reclamación”, reiteró.
Finalmente, la delegación del PIP manifestó su oposición al Proyecto del Senado 1, al considerar que promueve la segregación en las escuelas, debilita la ciencia en la salud pública y legaliza el discrimen en el acceso a servicios esenciales.
Por su parte, el senador del Partido Popular Democrático (PPD), Luis Javier Hernández, cuestionó en el hemiciclo del Senado el Proyecto del Senado 1, conocido como la “Ley de Libertad Religiosa de Puerto Rico”, argumentando que la medida podría abrir la puerta a la discriminación y afectar la política pública de salud en la isla.
“El que les diga que este proyecto es para trabajar o atender el asunto de la vacunación es un hipócrita”, afirmó el legislador, asegurando que la medida tiene “ramificaciones más serias” al permitir que las creencias religiosas puedan utilizarse para negar servicios o eximir a personas de cumplir con ciertas regulaciones.
El proyecto modifica el artículo 5 de la Ley 25 de 1983, conocida como la “Ley de las Inmunizaciones Compulsorias a los Niños Preescolares y Estudiantes en Puerto Rico”.
La enmienda establece que la excepción por motivos religiosos para la vacunación de menores solo podrá ser eliminada con el consentimiento informado de los padres. Asimismo, se prohíbe al Estado imponer sanciones, como multas o penas de cárcel, a padres o tutores que opten por no vacunar a sus hijos por razones religiosas.
Hernández resaltó que el proyecto no se limita al tema de la vacunación, sino que establece un marco legal en el que la libertad religiosa se impone sobre otras garantías constitucionales, tanto en el sector público como en el privado. Según el senador, la legislación propone eliminar protecciones que actualmente existen en la ley para evitar la discriminación por identidad de género, lo que —a su juicio— evidencia una intención de permitir actos discriminatorios.
“Ustedes eliminan el lenguaje que antes estaba en la ley actual para eximir a menores de edad en un proceso de vacunación aún en una pandemia. O sea, que si Dios nos proteja, viene una pandemia, aquí el gobierno no puede activar ninguna orden ejecutiva para obligar a que haya una línea de protección para que no mueran personas”, alertó Hernández.
El legislador también advirtió sobre el impacto fiscal de la medida, argumentando que, en caso de que una persona sea víctima de discriminación bajo la nueva legislación, el gobierno tendría que asumir los costos de la defensa en lugar del responsable del acto. “Aquí sí hay un impacto fiscal, y yo no he visto un análisis sobre eso”, denunció.
Hernández hizo un llamado a sus compañeros en la legislatura a evaluar la pieza con detenimiento y a no dejarse llevar por discursos que, según él, distorsionan la verdadera intención de la medida. “Yo no voy a permitir que bajo una legislación se discrimine a nadie, aunque yo no crea en lo que él cree”, sostuvo.
El senador concluyó su intervención asegurando que el PPD, si logra la mayoría en el próximo cuatrienio, buscará establecer un balance en la legislación sobre libertad religiosa, de manera que no se utilice para restringir derechos fundamentales. “Nos tienen hablando de estatus y de religión cuando en la campaña no dijeron que ese era su enfoque. Aquí hay que gobernar para todos, no solo para un sector”, subrayó.
Por otra parte, la senadora popular Ada Álvarez Conde cuestionó la manera en que se ha abordado la discusión sobre libertad religiosa. Álvarez Conde, quien se identificó como creyente, subrayó que el concepto de libertad religiosa debe incluir tanto el derecho a creer como el derecho a no participar en una creencia.
“Cuando hablan de libertad religiosa o de la palabra religiosa, también están hablando de Ada Álvarez Conde. Como creyente, quiero decirle a las personas que no necesariamente ven las cosas como yo las veo, que las puertas a creer y a quienes ejercen su fe siempre van a estar abiertas en mi oficina y en mi vida”, afirmó la senadora.
Álvarez Conde destacó que la religión no debe utilizarse como una herramienta de división política ni para justificar la discriminación. Explicó que la separación entre iglesia y Estado tiene raíces históricas y que la verdadera esencia de la fe es el amor y la compasión. “La iglesia no puede entrar en la política solo para hablar de abortos y de la comunidad LGBT. Tenemos maltrato infantil, violencia doméstica, divorcios. Y saben qué es lo triste, que quienes proponen esta legislación a veces validan la violencia”, denunció.
En su intervención, la senadora también abordó el tema de la vacunación, uno de los aspectos incluidos en la medida legislativa. Explicó que en su propio hogar enfrentó diferencias en torno a este tema, pues su madre decidió no vacunarse contra el COVID-19. “La entendí, pero también mi mamá pertenece a otra comunidad a la cual bien podrían decirle que no la quieren atender”, comentó, sugiriendo que la legislación podría abrir la puerta a la discriminación en los servicios de salud.
Además, criticó que el proyecto permita que profesionales regulados, como médicos y trabajadores sociales, puedan negarse a ofrecer servicios con base en sus creencias religiosas. “Bajo esta ley, podría hacerlo. Si pudiera dejar además del escollo legal… Tenemos que hacer la separación entre la intención de respeto al que no se quiso vacunar y todo lo demás que tiene que ver con servicios públicos y privados”, señaló.
La senadora también denunció que el proyecto ha sido impulsado con un objetivo político y no con un verdadero interés en defender la fe.
“Fue el Proyecto 1 para que usted supiera o quisieran decir que era prioridad, porque es una estrategia. Y a mí no me gusta que engañen al pueblo de Dios o a la gente que le sirve”, manifestó.
