Los desarrolladores del proyecto residencial turístico Esencia, propuesto para el municipio de Cabo Rojo, aseguran que su desarrollo viene acompañado de impulso económico, pero un estudio pone en duda esa promesa.
El Documento de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto plantea que se generarán 17,000 empleos entre directos, indirectos e inducidos, con proyección de desarrollo de aproximadamente diez años, en una extensión de más de 2,000 cuerdas de terreno.
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Sin embargo, un informe de revisión cuestiona los mecanismos para calcular ese impacto fiscal, así como las implicaciones ambientales y la viabilidad económica del proyecto. Se señala que el análisis económico se realizó con datos de 2012, ya que la Junta de Planificación de Puerto Rico no cuenta con información actualizada por falta de personal en su división de economía.
Según el autor de la revisión y catedrático de economía del Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Ricardo Fuentes Martínez, el estudio no se atempera a la realidad económica actual. “Cuando se hacen estudios económicos, se utilizan multiplicadores que viene de esas tablas de insumo-producto, son estadísticas que publican los gobiernos y esa falta de recursos en la División de Economía hace que estas publicaciones estén bien atrasadas. El Colegio de Mayagüez tiene un proyecto de asistencia técnica para poner al día las tablas; las próximas serían las del 2017. En cuanto a Esencia, es un problema porque, desde el 2012, la economía se ha transformado”, explicó Fuentes Martínez.
El huracán María, la pandemia de COVID-19, el estancamiento de la economía y las inyecciones de fondos figuran como algunas de las variables que el análisis económico del DIA no considera en sus proyecciones. Además, el DIA presenta que un análisis apunta a 15 indicadores de que las comunidades de interés no enfrentan vulnerabilidad socioeconómica, pero reconoce el desempleo y brinda recomendaciones para mitigarlo.
Sin embargo, en el Decreto CTPR 2024-1, documento que otorga privilegios contributivos y exenciones bajo la Ley 74-2010, o Ley de Desarrollo Turístico de Puerto Rico, a Cabo Rojo Land Acquisition LLC —compañía a cargo de Esencia— no estipula ninguna obligación para la empresa en cuanto a creación de empleos.
“El tipo de empleo que se va a estar creando, el empleo a tiempo parcial, poco remunerado. Ahora mismo, en nuestra economía, no tenemos una falta de ese tipo de empleos y los patronos que tienen vacante de ese perfil tienen problemas reclutando. Así que no estaría creando el tipo de empleo que Puerto Rico necesita. Sí, podría tener un impacto temporero en la construcción, pero será pasajero”, expuso.
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Acorde con el DIA, las proyecciones de recaudos contributivos de Esencia son de $399 millones en fase de construcción y $68.5 millones en ingresos derivados de Impuesto Sobre Ventas y Uso (IVU).
Pero el decreto concede a los desarrolladores del proyecto sobre $497 millones en Créditos Contributivos Alternativos, equivalentes a un 40% de la inversión de la obra y que pueden ser monetizados o trasferidos. Además, una exención de 90% del Centro de Recaudación de Impuestos (CRIM), otra de 90% en contribuciones sobre ingresos desde su apertura y una dispensa de 100% en pago de IVU en artículos para desarrollo y operación de actividad turística con vigencia desde el 20 de junio de 2022. De modo que, el informe alude a una ausencia de cláusulas de recuperación fiscal por parte del gobierno. El análisis del profesor en Economía estimó una pérdida de más de $2,000 millones en ingresos contributivos.
Metro Puerto Rico intentó hablar con los desarrolladores del proyecto, pero al cierre de esta edición no fue posible.
Falta de valoración económica de los recursos naturales
El informe de revisión apunta una falta de cuantificación del impacto sobre 194 cuerdas de humedales y 340 cuerdas de bosque seco, ya que el proyecto se encuentra en zona costera. Con la llegada de huracanes, la pérdida de los humedales y su capacidad de absorción representaría una pérdida en infraestructura ascendente a $1 millón al año.
Del mismo modo, la pérdida de bosque seco y su absorción de carbono puede traducirse a una pérdida anual de $680,000. Fuentes Ramírez criticó la falta de valoración ambiental y recomendó una reformulación del proyecto.
