La gobernadora Jenniffer González Colón dijo el martes que la situación de la secretaria del Departamento de Estado, Verónica Ferraiuoli Hornedo sobre la no radicación de planillas en dos periodos en los cuales trabajó en Washington, D.C., no es comparable con lo que le ocurrió a la exrepresentante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Molinelli, que enfrentó una multa por omitir información en sus informes financieros.
“Bueno, son bien distintos los casos. En este caso, ella era empleada federal, era empleada del Congreso de los Estados Unidos, a los empleados federales pueden rendir la planilla federal. Ella cumplió con la planilla federal y el contable de ese momento entendió que no era necesario la radicación de planillas estatales aun cuando se le habían hecho las retenciones estatales. A mí también cuando yo radiqué mi primera planilla, mis contables me decían que podía radicar solamente la federal, porque yo era empleada federal en aquel momento y no tenía ingresos estatales. Sin embargo, aun así, yo decidí hacerla, radicar las planillas estatales. Algo similar ocurrió con el caso de ella. Tan pronto se dio cuenta, en noviembre del año pasado, mucho antes de que yo incluso le solicitara que fuera secretaria de Estado, que ocurrió básicamente en la última semana de diciembre, ella no solamente rindió las planillas, pagó con interés y recargo toda la obligación y había tenido retención estatal. Así que se subsana con el pago de esos intereses”, dijo la gobernadora en conferencia de prensa.
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Sobre la objeción de la Junta Fiscal a las medidas contributivas, González Colón insistió en que se proveyó la información que valida las medidas.
“El secretario de Hacienda sometió cuánto es el costo de cada una de estas iniciativas, al igual que a AAFAF. El decir que no la hay no es correcto, no solamente se toma en consideración, sino que algunas de estas medidas van a generar. Por ejemplo el del pago del 4 por ciento de los que vienen por Ley 60 genera ingresos al fisco así que esos ingresos también se toman en consideración al momento de hacer remisiones de rebaja contributiva en el caso del resto de las reformas que se ve de agosto a diciembre ahí se van a evaluar todos los elementos así que hemos encontrado cómo se van a pagar, están los recursos yo quisiera bajar las contribuciones en individuos y corporaciones en este momento, pero tengo que identificar de dónde lo voy a pagar”, sostuvo.
Cuestionada sobre las objeciones presentadas por las organizaciones de comerciantes y de algunos alcaldes del Partido Nuevo Progresista a la congelación del impuesto al inventario, la gobernadora insistió que no se puede incluir en el proyecto la eliminación del cobro porque al momento no se tiene la fuente alterna de recaudo.
“Esto es un compromiso programático. Esta es la plataforma de gobierno que le prometimos al pueblo de Puerto Rico y que todos concurrimos y dijimos que se iba a aprobar en estos primeros seis meses de gobierno, que se iba a congelar por los próximos cinco años y que íbamos a buscar la manera de identificar los recursos para eliminarlos. Estamos cumpliendo con la parte de la congelación por cinco años hay gente que quiere imponer sus criterios y yo claro que yo quiero eliminarlo, pero la promesa que hicimos el pueblo fue de congelar y evaluar cómo eliminarlo. No lo puedo poner si no tengo las fuentes de cómo lo vamos a sustituir. Por eso el lenguaje habla de congelación por cinco años, que es el compromiso programático que está en la plataforma. La meta debe ser que nosotros podamos identificar cómo vamos a restituir ese dinero a los municipios cuando tengamos ese estudio y podamos identificarlo, entonces lo eliminamos. No puedo hacerlo de otra manera”, destacó.
Firmará el proyecto de libertad religiosa.
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Y sobre los cuestionamientos de las guías sobre algunos delitos, la gobernadora reiteró que el documento no está escrito en piedra, de manera que las personas que tengan algún tipo de objeción al mismo puedan expresar.
“Nosotros hemos sometido una guía de fianzas propuesta para uniformar lo que ha sido una cosa discrecional que es desproporcional en las fianzas que se emiten sobre delitos de asesinato, de violación y de robo agravado. Que pudieran haber sido más delitos, incluimos eso, y ahora ese proyecto no está inscrito en piedra, está sometido a la legislatura, harán el proceso de vistas públicas, juristas podrán opinar, la rama judicial podrá opinar, y que los expertos revisen la idoneidad o no de esa medida. Pero creo que es importante que tengamos una uniformidad”, concluyó.
