La Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes inició ayer la evaluación de una medida que busca crear la “Ley sobre la Venta, Uso de Pirotecnia y Fuegos Artificiales en Puerto Rico” con el fin de regular la tenencia, fabricación, venta y distribución de estos materiales.
Se trata del Proyecto de la Cámara 37, de la autoría del presidente cameral Carlos “Johnny” Méndez Núñez, que establece el proceso y requisitos para la expedición de licencias para el uso de pirotecnia o fuegos artificiales en Puerto Rico, que se brindará por parte del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR).
Otro de los fines es fijar un periodo autorizado para la venta de estos productos, imponer penalidades por la infracción a esta legislación, y promover una campaña de educación y concientización sobre el uso adecuado de estos artículos.
La Lcda. Omayra Arias Nieves en representación del secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Arthur J. Garffer, favoreció la medida que tiene como objetivo “atemperar la legislación sobre uso y venta de artefactos pirotécnicos a las disposiciones estatales y federales vigentes, a su vez, establece regulaciones claras a los fines de salvaguardar la seguridad de nuestro pueblo”.
Arias Nieves expresó que la intención legislativa está alineada con la política pública del DSP y sus negociados por lo que reiteró el compromiso de la agencia con la promoción de campañas educativas y de concientización sobre el uso adecuado de los fuegos artificiales.
El periodo autorizado para la venta y distribución de fuegos artificiales para el consumidor se dividirá en dos periodos, que van del 1 al 31 de julio de cada año para las conmemoraciones de la independencia de los Estados Unidos y la Constitución del Estado Libre Asociado; y del 15 de noviembre al 7 de enero que comprende la conmemoración del periodo navideño, despedida de año y Día de Reyes, según estipula el proyecto.
La licenciada informó durante su exposición que en Puerto Rico no existen instalaciones autorizadas que cumplan con los requisitos de la Agencia Federal de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) para disponer de este tipo de material ilegal, por lo que recomendó que “se considere destinar una partida de los fondos recaudados por concepto de licencias o multas, para cubrir los gastos de almacenamiento y decomiso de material pirotécnico”, que ha asumido el Negociado de la Policía, específicamente la Oficina de Explosivos y Seguridad.
Las solicitudes de licencias para la venta de fuegos artificiales para uso del consumidor tienen que ser sometidas no más tarde del primero de marzo de cada año, en que los productos vayan a ser vendidos. Estas tienen un costo que va de $5 mil dólares por cada manufacturero o distribuidor, $2,500 dólares por cada establecimiento registrado para la venta y $250 dólares por establecimiento temporero.
Por su parte, el procurador del Veterano, Agustín Montañez-Allman, recomendó que se aumente de 250 metros a 1,000 pies la distancia en la que se prohíba lanzar pirotecnia para no afectar égidas, hospitales, escuelas e instalaciones en las que se atiendan veteranos ya que muchos sufren de estrés post traumático y el ruido los desestabiliza.
Mientras que la Lcda. Waleska Morales Toro, en representación de la secretaria del Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO), Valerie Rodríguez-Erazo, informó que como parte de los deberes de la agencia se orientan a los comerciantes que venden pirotecnia a exhibir un rótulo para advertir a los consumidores sobre los riesgos al usar estos artículos y se cuenta con los inspectores para la labor de fiscalización.
Sin embargo, sugirió que si DACO debe formar parte de una campaña de orientación “la medida debe ir atajada a una asignación presupuestaria para poder cumplir con la encomienda”, ya que la ley orgánica establece que se hace la coordinación con otras agencias y organismos para la canalización efectiva de la educación de los consumidores.
