La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) cuestionó la orden ejecutiva que crearía una nueva Unidad de Atención Integral al Adulto Mayor bajo la Oficina de la Gobernadora, y exigió a Jenniffer González presentar las órdenes ejecutivas en inglés para su revisión, como requiere PROMESA.
La JSF solicitó información detallada sobre el impacto fiscal de la iniciativa, resaltó posibles redundancias con oficinas ya existentes y cuestionó la viabilidad financiera de la propuesta.
PUBLICIDAD
En una carta del 8 de abril, la JSF solicitó un análisis detallado del costo total que implicará la creación de la nueva unidad, incluyendo el número de empleados que se añadirán y los salarios proyectados. Además, pidió confirmar que se hayan identificado fuentes de fondos recurrentes para cubrir los gastos operacionales de la entidad.
Así mismo, la JSF cuestionó cómo las funciones de la nueva Unidad de Atención Integral al Adulto Mayor diferirán de las labores que ya realiza la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada. También pidió aclarar si esta nueva oficina requerirá recursos adicionales que podrían competir con los ya asignados a la oficina existente.
Según la Junta, las órdenes ejecutivas deben ser sometidas en inglés para su revisión antes de ser emitidas, como exige PROMESA. La carta subraya que este procedimiento no se cumplió previamente con la orden ejecutiva 2025-010.
La JSF otorgó a La Fortaleza hasta 15 de abril para recibir la información requerida.
El documento también plantea interrogantes sobre la falta de coordinación interagencial y los posibles conflictos de jurisdicción entre las nuevas y las actuales unidades de gobierno.
PUBLICIDAD
La orden ejecutiva 2025-010 busca centralizar los esfuerzos gubernamentales dirigidos a atender las necesidades de los adultos mayores en Puerto Rico, un sector que enfrenta desafíos crecientes ante el envejecimiento acelerado de la población.
Liberan fondos al gobierno
La JSF liberó el 2.5% de la retención presupuestaria correspondiente al año fiscal 2025, tras certificar que los ingresos del Fondo General superaron las proyecciones estipuladas.
El organismo fiscal destacó que la liberación de los fondos está condicionada por criterios estrictos para garantizar que las finanzas públicas se mantengan alineadas con las metas del Plan Fiscal y los principios de la Ley PROMESA.
En una carta enviada al director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Orlando Rivera Berríos, la JSF confirmó que los ingresos reportados hasta el 28 de febrero de 2025 excedieron en $295.9 millones las proyecciones establecidas en el Plan Fiscal 2024. Este cumplimiento permitió la autorización para que se disponga del 2.5% de los fondos presupuestarios previamente retenidos, según lo estipulado en la Resolución de Presupuesto Certificado para el Fondo General.
