A 100 días de su mandato, la gobernadora Jenniffer González repasó en entrevista Punto por Punto con Metro Puerto Rico sus principales decisiones, reveló sus prioridades de política pública y respondió a cuestionamientos sobre transparencia, recortes, energía, violencia de género y el rol de su esposo en el gobierno.
Uno de los temas más críticos son los recortes federales: $401 millones en Educación, $45 millones en Salud… ¿ Realmente el Gobierno de Puerto Rico puede mitigar esos impactos?
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—No. La realidad es que la mayoría de estos fondos estaban vinculados a la pandemia y ya tenían fecha de expiración. El gobierno fue notificado con tiempo. El secretario de Salud me ha planteado que algunas partidas, como rastreo de enfermedades, deben continuar, y por eso estamos buscando alternativas para sustituirlas. Otras se usaron para gastos que no estaban originalmente previstos, y ahora hay que realinearlos para el nuevo presupuesto. Mi mayor preocupación es la reconstrucción. Estamos hablando de miles de millones en fondos de FEMA. Por eso he emitido órdenes ejecutivas para agilizar permisos y evitar atrasos en proyectos. Hay más de cinco mil proyectos detenidos por falta de permisos. Necesitamos activar esa economía ya.
¿Cómo priorizará los recursos ante limitaciones presupuestarias y el escenario de recortes?
—Ya usamos $25 millones de ahorros para cubrir pensiones. He recortado más de $10 millones en contratos. Esos fondos se convertirán en capital semilla para municipios y proyectos. Mi meta es mover obra y crear actividad económica real.
¿Hay algún plan para mitigar el alza de precios en bienes y servicios por las políticas arancelarias del presidente Trump?
—Esto es parte de una negociación global. Lo que vemos como un reto puede convertirse en oportunidad. Más de 50 compañías están considerando a Puerto Rico para relocalizar operaciones y evitar pagar tarifas excesivas. Ya hay plantas en expansión en Humacao y Aguadilla. Vamos a seguir atrayendo manufactura.
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¿Cuán rápido puede ser eso?
—La primera fue Stryker. La situación de los aranceles llevó a empresas como Stryker, que ya tiene una fábrica en Puerto Rico, a expandir sus operaciones en Humacao, donde producirán dispositivos médicos. Además, renegociamos la instalación de la primera planta de placas solares en Aguadilla, lo que generará 600 empleos, sumando 400 adicionales a los 200 ya planeados. También, se está trabajando con un comité de CEOs y funcionarios de empresas como Amgen para atraer más inversiones. Puerto Rico se está destacando entre los estados más agresivos en ofrecer incentivos, y se están tomando medidas para mejorar la mano de obra y acelerar los permisos. Todo esto es parte de un esfuerzo coordinado para hacer de Puerto Rico un lugar más atractivo para la inversión.
La Junta Fiscal expresó preocupación sobre sus medidas contributivas y ya en el pasado han anulado leyes. ¿Espera un choque o litigio?
—No. Creamos un comité técnico con expertos que analizó cada medida. Cinco de las siete propuestas se aprobaron con el debido análisis. Las otras dos se están discutiendo con la Junta. No se trata de improvisar, sino de cumplir con lo prometido y ser responsables fiscalmente.
Entonces ¿No contempla un litigio?
—No, no se contempla un litigio. Hay medidas que preocupan a la Junta, como la extensión de la Ley 60 de incentivos contributivos hasta 2055, pero con un ajuste: en lugar de pagar 0%, los inversionistas pagarían 4%. También se propone reducir los impuestos locales sobre dividendos e intereses de 15% y 24% a 4%, para equilibrar los beneficios entre inversionistas locales y externos. Estas medidas están siendo evaluadas y se buscará una forma de financiarlo. Pero no es que se van a quedar ahí esperando meses a ver qué pasa. Son compromisos programáticos, así que yo tengo que buscar cómo lo vamos a financiar.
Sobre la Ley 60 y su extensión, sus opositores dicen que reconoce que la estadidad no se concretará porque esos beneficios no son posibles en los estados ¿Qué le responde?
—Yo no sé de dónde esta gente se saca eso. Fui presidenta de la Cámara cuando aprobamos esta ley en 2004, y su objetivo siempre ha sido traer inversión de capital a Puerto Rico. Muchos pequeños y medianos comerciantes no tienen acceso a financiamiento bancario, por lo que necesitábamos capital local para poder expandir negocios, gestionar viviendas y reconstruir áreas de interés. Más de 3,000 personas se han beneficiado de esta ley, impulsando sectores como el inmobiliario, vehículos, servicios y empleos directos. Si Puerto Rico fuera un estado, tendríamos mayor solidez financiera, similar a lo que ocurrió con Alaska y Hawái, cuya economía creció significativamente tras convertirse en estado.
Usted levantó bandera cuando la Junta de Supervisión Fiscal presentó el plan fiscal de la AEE en febrero pasado, en marzo la Junta radicó el Plan de Ajuste a la Deuda enmendado ante la jueza Swain y se alinea al Plan Fiscal ¿Va a radicar una oposición a ese PAD o ya acordaron que la deuda de los bonistas se pagará de fondos del gobierno central?
—La Junta lo presentó sin mostrárselo al gobierno. Eso fue inaceptable. Exigimos comunicación directa. Ahora estamos más alineados. Hay un elemento aquí, cosa que yo diga que vaya en acorde o en desacuerdo con la Junta se puede utilizar en el caso que tenemos en los tribunales a nivel federal para decidir si la deuda todavía vigente la paga el pueblo en un aumento la factura o se paga el fondo general o se paga de los activos.
De hecho los bonistas utilizaron sus expresiones en una moción.
—Pero sacaron de proporción en lo que yo le había dicho que nosotros no habíamos tenido la oportunidad de ver ese plan fiscal, así que si no lo podía ver, no podía objetar lo que estaba dentro del plan. Para la próxima, estuvimos de acuerdo en la presentación de ese plan de ajuste a la deuda.
¿Sí lo vieron y sí estuvieron de acuerdo?
—Estamos en la misma página.
Pero ese plan dice que los fondos tendrían que salir del gobierno central.
—Esa es la moción que se presenta. Yo tengo que ser muy cuidadosa con las expresiones que hacemos. Pero yo creo que en este momento lo más importante es que el pueblo de Puerto Rico no pague los platos rotos de malas administraciones en términos fiscales.
¿Está dispuesta a considerar el aumento en la tarifa para cubrir las pensiones?
—No es mi opción. Estamos buscando alternativas. Ya me comuniqué con la Junta de Pensionados y estamos evaluando propuestas. Pero soy clara: si no hay luz, no hay salud, no hay economía. Este es el reto más serio que enfrentamos.
De no haber otra opción, ¿Estaría fallando a su promesa de campaña de bajar la factura de la luz?
—No puedo adjudicar esto a una falla, ya que seguimos trabajando en renegociar el contrato de LUMA y cancelarlo. Estamos atendiendo la emergencia del sistema eléctrico y, aunque quiero bajar el costo de la luz, estoy trabajando con las herramientas que tengo. Las medidas que he tomado, como cambiar a gas natural, permitirán reducir el costo de la electricidad entre 4 y 8 centavos por kilovatio hora, generando ahorros directos.
Pero si el cargo de las pensiones se impone, ¿Se le debe adjudicar a usted?
—Me toca liderar en este momento. No se puede elegir solo lo bueno o lo malo. Estoy buscando alternativas y hablando directamente con el pueblo sobre la realidad. Hay cosas que el gobierno puede controlar, otras que controla la Junta de Supervisión y el mercado. El pueblo sabrá lo que estamos haciendo, y tengo un comité multisectorial energético que me asesora con sus recomendaciones.
¿Le preocupa el proceso de confirmación de su secretaria de Estado?
—Confío en que será confirmada. Tiene vasta experiencia y ya ha rendido sus planillas federal y estatal. El proceso legislativo debe continuar. No le temo a que se hagan preguntas. Aquí se está exigiendo más, y eso está bien. Estoy acostumbrada a que a las mujeres se nos mida con una vara más alta.
Ni la secretaria de Estado, ni el secretario de la Gobernación, han sometido a Ética Gubernamental sus informes de Toma de Posición contrario a otros jefes de agencia ¿No abona eso a la suspicacia sobre con cuánta transparencia operará el matrimonio?
—No, mira, yo soy una es que todavía estoy cumplimentando el mío porque tengo que llenar una federal, también una estatal, y estoy ahora mismo con una prórroga del de la Oficina de Ética Gubernamental para poder cumplir con ese informe. Y así hay muchos que están llegando a una función que tienes que hacer la transición. En el caso de la licenciada Ferraiouli, era empleada federal, en el caso mío también era empleada federal, así que cada cual tiene su su justificación y la ley nos permitió unas prórrogas. Pero tenemos que cumplir como como tienen que cumplir todos los funcionarios públicos. Así que aquí nadie está por encima de eso.
¿Por qué se opuso a que se transmitiera el juicio de la joven que la increpó en una iglesia?
—Nadie está por encima de la ley. El acto de amenaza de muerte que recibí, tanto en televisión como en redes sociales, no fue algo al azar, fue un acto concertado. Si esto ocurre conmigo, que soy gobernadora, imaginen lo que podría pasarle a cualquier ciudadano. Es necesario que vivamos bajo la ley y el orden. No quería que esto se usara con fines políticos, como ocurrió luego, cuando se hicieron comentarios ajenos a la situación. El caso se verá en los tribunales, quienes determinarán si esa conducta que se va a permitir.
Pero se va a transmitir. Y hubo una postura del Departamento de Justicia pidiendo que no se transmitiera…
—Que acabo de mencionar, porque no quería que se convirtiera en un hecho de propaganda, ni para una parte ni para la otra. Para mí esto es un un asunto penal. Es un asunto de comisión de delito y debe atenderse como tal.
Pero los procesos son públicos.
—Bueno, en este caso sí. En unas ocasiones el tribunal puede determinar lo contrario. No fue lo que decidió en este caso.
¿Está preparada para testificar?
—Claro. Yo fui la que sometí la declaración jurada.
¿Aceptará la revisión previa de órdenes ejecutivas por parte de la Junta?
—No. Voy a traducírselas, se las enviaré como establece la ley, con la información y de dónde salen los fondos. Pero yo no voy a pedir permiso para gobernar.
Cuando dialogamos en diciembre, usted nos dijo que los planes de su familia eran que su esposo trabajaría para echar adelante a sus hijos, sobretodo porque usted vería un recorte en sus ingresos, pero lo hemos visto de lleno en funciones oficiales ¿Aun planifica que él trabaje en su área profesional?
—Está tabajando como médico asistente. Él tiene su licencia de médico asistente. Así que si él trabaja, y en la medida que puede, me acompaña en algunos eventos, y en la medida que pueda, también hará algunos eventos. A él le apasiona de trabajar con la población en Puerto Rico, de acuerdo al tiempo que le permita poder hacerlo.
