La gobernadora Jenniffer González Colón, junto al fiscal federal W. Stephen Muldrow y el comisionado del Negociado la Policía, Joseph González, anunciaron el viernes que la uniformada será elegible para recibir 27.3 millones de dólares del Programa de Distribución Equitativa del Departamento de Justicia federal.
González Colón explicó que la reincorporación de Puerto Rico al programa federal ocurre luego de haber sido excluido en 2018 por fallas administrativas relacionadas a auditorías, reportes financieros y controles internos.
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“Hoy, me enorgullece decir que todas esas deficiencias han sido corregidas. Esta reincorporación representa un gran logro. Volvemos a ser elegibles tras casi siete años, con una respuesta diligente y proactiva por parte de la Policía”, afirmó González Colón.
En el 2018, se reportó la suspensión de fondos de este programa, mediante el cual se adquiere equipo para la uniformada.
“La confiscación de los productos e instrumentalidades del crimen pone el dinero a trabajar para bien: ayudando a las víctimas de delitos, financiando programas comunitarios y proveyendo recursos para promover la seguridad pública”, expresó por su parte Muldrow en conferencia de prensa.
El comisionado de la Policía, Joseph González, sostuvo que los fondos permitirán mejorar significativamente los recursos de la uniformada. “Estos fondos nos permitirán aumentar significativamente estos recursos, brindándonos las herramientas necesarias para proteger a la población de Puerto Rico de la manera más eficaz y segura posible”, declaró.
El Negociado de la Policía de Puerto Rico ya ha recibido 2.6 millones de dólares, mientras el restante está pendiente de desembolso. Otras agencias locales como el Negociado de Investigaciones Especiales, la Guardia Nacional y las policías municipales de San Juan y Ponce también han recibido o están en proceso de recibir fondos a través del programa.
La distribución equitativa federal permite que agencias estatales y municipales que participen en operaciones conjuntas de decomisos reciban parte del dinero confiscado, que deberá ser utilizado para complementar recursos y fortalecer la seguridad pública.
