En medio de un alarmante aumento en los casos de feminicidio en la Isla, la procuradora de las Mujeres, Astrid Piñeiro, compareció ante la Comisión de Hacienda del Senado para solicitar un aumento presupuestario de $4.6 millones para el año fiscal 2025-2026. La asignación total solicitada para la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) asciende a $9.6 millones del Fondo General.
“Este año vamos por la sexta víctima y no queremos una víctima más de violencia de género. Por eso pedimos más ayuda en presupuesto”, afirmó Piñeiro durante la vista pública, donde defendió el uso de los fondos para mejorar la respuesta del Estado ante esta crisis.
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Entre las partidas solicitadas, se incluyen $1.17 millones adicionales para operaciones que permitirían la contratación de personal especializado y mejoras en los servicios de intervención. La agencia proyecta ampliar su plantilla de 44 a 60 empleados para reforzar su capacidad operativa. Actualmente, la OPM opera con una inversión de $1.92 millones anuales.
Además, la Procuradora destacó la inclusión de $520,000 para cubrir los costos del Consejo Consultivo, y otros $3 millones para subvencionar a organizaciones no gubernamentales, municipios y agencias que atienden casos de violencia de género. “Estas asignaciones buscan garantizar una respuesta más integral y multisectorial a esta problemática”, explicó.
También se solicitó un aumento adicional de $3.25 millones para cubrir necesidades críticas de personal y expandir los servicios. No obstante, Piñeiro advirtió que podría haber una reducción en los fondos federales provenientes del Comité PARE, lo que agravaría la necesidad de apoyo estatal.
La presidenta de la comisión senatorial, Migdalia Padilla, preguntó sobre los recursos disponibles actualmente. Piñeiro respondió que el Consejo Consultivo se encuentra activo, pero no se han recibido nuevos fondos. “Como servidora pública comprometida con la causa, estoy firme en que se produzcan los documentos y la acción”, puntualizó.
Otras procuradurías también reclaman aumento presupuestario
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La vista pública también sirvió de foro para que otras procuradurías del país expusieran sus limitaciones presupuestarias y solicitaran aumentos para continuar sus funciones.
La Procuradora del Paciente, Edna Díaz De Jesús, solicitó duplicar su presupuesto de $2.09 millones a $4.36 millones, aunque la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) solo recomendó mantener la asignación anterior. Díaz advirtió que la partida de nómina fue particularmente afectada, lo que limita la contratación de personal especializado como pediatras y psiquiatras.
Por su parte, el procurador del Veterano, Agustín Montañez Allman, pidió un aumento de $324,000 para elevar su presupuesto a $4.37 millones. Denunció que solo cuentan con el 30% del personal que originalmente tenían y que su oficina carece de división legal activa.
La Defensoría de las Personas con Impedimentos, dirigida por Juan José Troche, solicitó un aumento de $3.2 millones para alcanzar los $6.99 millones. La JSF recomendó solo $3.79 millones. Troche explicó que la solicitud responde a nuevas exigencias legales y a la necesidad de aumentar el personal en al menos 70 plazas. En el pasado año, la Defensoría atendió más de mil casos y ha iniciado inspecciones en municipios para garantizar accesibilidad.
