El gobierno del presidente Donald Trump confirmó el sábado ante un juez federal que un hombre de Maryland que fue deportado por error el mes pasado sigue confinado en una notoria prisión en El Salvador.
Sin embargo, el gobierno no abordó en el documento las exigencias del juez de que la administración detallara qué pasos estaba dando para regresar a Kilmar Abrego García a Estados Unidos. El gobierno solo dijo que Abrego García, de 29 años, está bajo la autoridad del gobierno de El Salvador.
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La ubicación de Abrego García fue confirmada al tribunal por Michael G. Kozak, quien se identificó en el documento como un “Funcionario Superior de la Oficina” en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.
El documento se presenta un día después de que un abogado del gobierno de Estados Unidos no pudiera proporcionar en una audiencia ninguna información sobre el paradero de Abrego García a la jueza de distrito, Paula Xinis. La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó el jueves que el gobierno de Trump debe traerlo de vuelta.
Xinis emitió una orden el viernes donde exige que el gobierno divulgue la “ubicación física actual y el estado de custodia” de Abrego García y “qué pasos, si los hay, han tomado (y) tomarán los Demandados, y cuándo lo harán, para facilitar” su regreso.
Kozak afirmó: “Según mi entendimiento, basado en informes oficiales de nuestra Embajada en San Salvador, Abrego García está detenido actualmente en el Centro de Confinamiento del Terrorismo en El Salvador. Está vivo y seguro en esa instalación. Está detenido conforme a la autoridad soberana y nacional de El Salvador”.
En su declaración, Kozak no abordó los últimos requisitos del juez.
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Xinis se mostró exasperada el viernes con la falta de información del gobierno.
“¿Dónde está y bajo qué autoridad?” preguntó la jueza durante la audiencia. “No pido secretos de estado. Todo lo que sé es que no está aquí. Se prohibió que el gobierno lo enviara a El Salvador, y ahora estoy haciendo una pregunta muy simple: ¿Dónde está?”
La jueza preguntó repetidamente a un abogado del gobierno sobre lo que se ha hecho para regresar a Abrego García, cuestionando directamente: “¿Han hecho algo?”
Drew Ensign, asistente adjunto del fiscal general, le dijo a Xinis que no tenía conocimiento personal sobre ninguna acción o plan para devolver a Abrego García. Pero le indicó a la jueza que el gobierno estaba “analizando activamente lo que se podría hacer” y dijo que en el caso de Abrego García intervinieron tres agencias del gabinete y una importante coordinación.
Antes de que terminara la audiencia, Xinis ordenó a Estados Unidos que proporcione actualizaciones diarias sobre los planes para devolver a Abrego García.
Hasta el sábado por la noche, el Departamento de Justicia no había respondido a una solicitud de comentarios de The Associated Press.
Abrego García ha vivido en Estados Unidos durante aproximadamente 14 años, en los cuales trabajó en construcción, se casó y criaba a tres hijos con discapacidades, según los registros judiciales.
Si es devuelto, podrá enfrentar los cargos que provocaron su expulsión: una acusación hecha en 2019 por la policía local en Maryland, según la cual era miembro de la pandilla MS-13.
Abrego García negó la acusación y nunca se presentaron cargos en su contra, dijeron sus abogados. Posteriormente, un juez federal de inmigración lo protegió de ser deportado a El Salvador porque probablemente enfrentaría la persecución de las pandillas locales que aterrorizaban a su familia.
No obstante, el gobierno de Trump lo deportó a su país natal el mes pasado, y describió más tarde la pifia como “un error administrativo”, aunque insistió en que Abrego era miembro de la MS-13.
