La familia de lvette Joan Meléndez, la mujer asesinada por Hermes Ávila Vázquez demandó civilmente al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), la empresa Physician Correctional, y múltiples funcionarios por su rol en la excarcelación de quien —según el nuevo recurso legal— “nunca debió haber salido de prisión”.
“El Estado liberó a su asesino, a pesar de contar con toda la información para evitarlo”, sostiene el recurso en el que se reclaman daños ascendentes a $41 millones.
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La demanda, radicada en el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, alega que la liberación del convicto fue el resultado de una serie de decisiones negligentes, omisiones crasas y violaciones a procesos legales por parte de distintas agencias, incluyendo el Comité de Salud Mental Forense y la Junta de Libertad Bajo Palabra.
“Hermes Ávila Vázquez tenía un historial documentado de violencia doméstica, intentos de suicidio, diagnóstico de condiciones mentales severas y agresión física contra su anterior pareja. Aun así, fue excarcelado sin análisis riguroso, seguimiento clínico ni protocolos adecuados”, indica la demanda radicada por la abogada Mayra López Mulero.
Según el recurso, los funcionarios que participaron en el proceso de excarcelación ignoraron múltiples alertas sobre el perfil clínico y violento del confinado. Entre ellos figuran la exsecretaria del DCR, Ana Escobar, y miembros del Comité Evaluador de la Ley 25, que permite que confinados con condiciones de salud terminales o inmovilizantes puedan ser excarcelados.
En el caso de Ávila fue excarcelado porque supuestamente padecía de paraplejia desde el 2009. Sin embargo, cuando asesinó a Meléndez caminaba libremente.
Los demandantes argumentan que las acciones y omisiones de estos funcionarios constituyeron una violación de derechos constitucionales y un incumplimiento del deber de cuidado. Las causas de acción en la reclamación son: “Daños y perjuicios contra el Estado Libre Asociado y sus funcionarios en su carácter personal”, ““Daños y perjuicios contra personas privadas”, “Responsabilidad vicaria”, y “Violación a los Derechos Civiles por muerte Ilegal”.
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Desde el 14 de febrero de 2005, Ávila Vázquez cumplía una condena de 122 años de cárcel por delitos que incluían asesinato en primer grado, secuestro, agresión sexual y violación de la Ley de Armas.
Physician Correctional: señalados directamente
Una parte central del recurso apunta a la responsabilidad directa de la empresa Physician Correctional, contratada por el Estado para atender la salud física y mental de los confinados. Según el documento legal, esta compañía “falló en proveer una evaluación precisa y ética” del estado mental de Ávila, lo que facilitó que se le declarara apto para salir de prisión, a pesar de su peligrosidad.
“Physician Correctional fue negligente en sus evaluaciones clínicas y permitió que una persona con historial violento fuera liberada sin tratamiento ni seguimiento”, se indica en la demanda.
La familia reclama que tanto la empresa como sus empleados responsables sean incluidos en el proceso judicial y respondan por los daños ocasionados.
En las alegaciones específicas, se identifican a los médicos que intervinieron en el proceso que culminó en la excarcelación del convicto por asesinato.
Contexto: un caso que sacudió al país
Desde mayo de 2024, Metro Puerto Rico ha dado seguimiento al caso de Ávila y las denuncias de su liberación indebida. La excarcelación del confinado fue autorizada mediante una evaluación favorable bajo la Ley 25.
Una investigación periodística reveló que el DCR mantuvo contratos con la empresa Physician Correctional, encargada de realizar evaluaciones clínicas en los centros de reclusión, a pesar de múltiples señalamientos por negligencia médica y errores en manejo de salud mental .
“Esta fue una muerte prevenible. El aparato del Estado le falló a una mujer que confiaba en que su agresor estaría tras las rejas”, se alega otro segmento de la demanda de 37 páginas.
Posteriormente, el Departamento de Justicia recomendó enmendar la Ley 25. Además, ocho empleados del DCR quedaron bajo evaluación por su posible responsabilidad en el proceso que permitió la liberación de Ávila .
Reclamo por justicia y reparación
La familia de la víctima exige una compensación económica por el sufrimiento emocional, la pérdida de apoyo económico y el impacto devastador del crimen. “Cada firma que avaló la liberación de Hermes Ávila es cómplice del asesinato que ocurrió después”, concluye la querella.
La demanda también busca exponer los vacíos estructurales en el sistema penitenciario y forense, particularmente en la evaluación de personas con condiciones de salud mental y antecedentes de violencia de género.
“En medio del dolor y la furia que nacen de tan amargo suceso, estas páginas aspiran a encender un reclamo ardiente de justicia, procurando que ningún otro hogar se vea golpeado por una tragedia tan cruel, ni que la memoria de Ivette Joan quede sepultada en el olvido”, concluye el reclamo legal.
