La Junta Reguladora de los Programas de Reeducación y Readiestramiento para Personas Agresoras (JRPRRPA), adscrita al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), se encuentra en proceso de reestructuración tras años sin operar plenamente.
Por ley, la JRPRRPA debe estar compuesta por siete miembros: un representante del DCR, uno del Departamento de la Familia (DF), la Procuradora de las Mujeres, un delegado de la Oficina del Gobernador, así como un trabajador social, un psicólogo y un abogado con experiencia en violencia doméstica.
Actualmente, el representante del DCR en la junta es Axel Joel Torres, secretario auxiliar de Programas y Servicios, según confirmó el secretario de Corrección, Francisco Quiñones Rivera. El funcionario indicó que ya se trabaja para llenar las vacantes restantes, aunque no precisó cuáles son.
“Ciertamente, las vacantes que pueda haber se van a llenar inmediatamente. Lo que pasa es que hay nombramientos que, aunque cumplieron su término, deben permanecer en el cargo hasta que se nombre un sustituto”, expresó Quiñones.
La JRPRRPA fue creada bajo la Ley 449-2000, conocida como la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica. Entre sus funciones está evaluar y supervisar los programas de desvío para agresores bajo la Ley 54, establecer guías, otorgar licencias y asegurar la calidad de los servicios.
Estos programas pueden durar hasta tres años y, al presente, la JRPRRPA cuenta con 18 iniciativas activas: cinco del DCR y el resto de entidades privadas, con unos 1,300 participantes.
Aunque la junta no está plenamente constituida, Quiñones aseguró que los servicios no se han detenido.
“Nuestros grupos de servicios sociopenales están verificando los programas. Aunque la junta es responsable de fiscalizar e investigar, la instrucción de la gobernadora es asignar todos los recursos necesarios para que esta pueda llevar a cabo su trabajo efectivamente”, puntualizó.
El secretario también afirmó que mantiene comunicación con la Procuradora de las Mujeres, Astrid Piñeiro, la secretaria de ASSMCA, Catherine Oliver Franco, y la secretaria del DF, Suzzane Roig.
“Desde el día uno, hemos estado en comunicación sobre este asunto y otros”, sostuvo.
Aun así, no se convocarán reuniones oficiales de la JRPRRPA hasta que se completen los nuevos nombramientos.
Durante el cuatrienio pasado, la junta no se constituyó, por lo que no pudo realizarse la revisión de los currículos de los programas, que datan de 2008 y constan de tres fases: Cernimiento, Evaluación y Preparación; Reeducación y Cambio; y Seguimiento y Fortalecimiento.
En los casos de programas privados, las terapias son costeadas por los participantes. No obstante, persisten cuestionamientos sobre la efectividad de estas intervenciones.
Entre 2023 y 2024, cinco participantes fueron revocados por cometer nuevos delitos, según datos del DCR.
Uno de los casos más notorios es el de Luis Cruz Santiago, quien recibió 52 terapias grupales y 11 individuales en uno de los programas, pero en abril de 2024 asesinó a su pareja, Jackeline Santiago Rodríguez, en un cuartel de la Policía Municipal de Morovis.
En 2021, el feminicidio de Andrea Ruiz Costas también levantó preocupaciones. Su agresor, Miguel Ocasio Santiago, había participado en uno de estos programas en 2012. Gracias a la resolución de su caso, su expediente quedó limpio, lo que le permitió conseguir empleo como guardia de seguridad.
Esta semana, el feminicidio de Caroline Bou en Adjuntas —el sexto del 2025— reavivó el debate. Según la coordinadora del Centro Paz para Ti, Alana Feldman, la víctima buscó activamente ayuda para salir de la relación, pero no se logró atender el peligro que representaba su agresor, Alvin Miguel Torres.
“Yo me pregunto: ¿quién estaba trabajando con el agresor? Nosotras estábamos ofreciendo alternativas de protección a la víctima. Pero, ¿quién estaba creando barreras o cambiando las circunstancias que hacían que ella estuviera en riesgo?”, cuestionó Feldman en entrevista radial con Radio Isla.
