La directora ejecutiva de la Unión Americana de Libertades Civiles de Puerto Rico (ACLU‑PR), Annette Martínez Orabona, repudió el martes, el Proyecto de la Cámara 139, presentado por los representantes Ángel Morey Noble y Swanny Vargas Laureano, que a su juicio pretende facultar a los cuerpos de Policía Municipal a ejecutar órdenes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
“El Proyecto de la Cámara 139 burla los compromisos de alcaldes, legisladores y del Ejecutivo de proteger a nuestra población migrante,” dijo Martínez Orabona en declaraciones escritas.
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“Delegar funciones migratorias a la Policía Municipal local fractura la confianza comunitaria, disminuye la denuncia de delitos y expone a los oficiales municipales a demandas por violaciones a derechos civiles para las que el Gobierno federal no responderá”, añadió.
Según Martínez Orabona, “Autorizar a la Policía — en particular a la Municipal— a firmar convenios con agencias federales de seguridad para asumir las tareas que estas les deleguen es, en realidad, un paso directo para convertir a las fuerzas locales en instrumentos de ejecución de la ley migratoria”.
A juicio de Martínez Orabona:
- Las comunidades más seguras son aquellas donde todas las personas confían en la policía local. Si los agentes municipales visten un “segundo sombrero” de inmigración, las víctimas y testigos dejarán de reportar crímenes, lo que pone en riesgo a toda la población.
- Puerto Rico carece de oficiales suficientes para responder a emergencias propias. El proyecto obligaría a los municipios a destinar tiempo y presupuesto a hacer cumplir leyes federales que no les competen.
- Los oficiales locales no reciben la capacitación federal exigida para operar detenciones migratorias. De incurrir en detenciones ilegales, ni ICE ni DHS cubrirán los daños: responderán los ayuntamientos y, por ende, los contribuyentes.
El proyecto enmienda los Artículos 3.025 y 3.035 de la Ley 107‑2020 (Código Municipal) para permitir a los municipios “establecer acuerdos de colaboración… con las agencias de seguridad pública del Gobierno federal” para “efectuar aquellas tareas que dichas entidades entiendan necesario delegarles”, extendiendo la jurisdicción municipal fuera de sus límites territoriales y otorgando a sus oficiales los privilegios de la Policía Estatal.
