Las primeras decisiones en temas ambientales de los nuevos gobiernos de Puerto Rico y de Estados Unidos han generado preocupación entre científicos, quienes advierten que las señales son, en su mayoría, alarmantes o insuficientes ante la magnitud de la crisis climática.
En el ámbito federal, el presidente Donald Trump anunció, en enero, la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París y revivió políticas que priorizan la expansión de combustibles fósiles.
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“Las medidas que ha tomado el presidente Trump son nefastas no solamente para el ambiente de Estados Unidos y Puerto Rico, sino para el resto del mundo”, señaló el ingeniero Carl-Axel Soderberg, quien también formó parte del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático (CEACC).
“Estados Unidos, que ahora es el segundo país que más emite gases de efecto invernadero, porque ya quizás sobrepase a China, porque ahora no va a tener ningún compromiso de reducir las emisiones”, añadió el ingeniero.
Soderberg, además, criticó que Trump eliminara subsidios a la energía renovable y prohibiera instalaciones eólicas marinas, una medida que afecta directamente a Puerto Rico.
“Puerto Rico tiene una extensión territorial limitada… podría utilizar el mar para tener esa apertura a energía renovable, y ahora, pues según la política pública de Trump, eso no es posible”, sostuvo.
Sobre la gobernadora Jenniffer González, Soderberg destacó algunos esfuerzos recientes de la Legislatura local, incluyendo reuniones multipartidistas para evaluar el Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático, y la asignación de fondos por parte del Senado para el CEACC.
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De hecho, la semana pasada, hubo una reunión de la Comisión Conjunta de Cambio Climático sobre el borrador del Plan de Mitigación.
En dicho encuentro, la meteoróloga Ada Monzón advirtió que, de no tomarse medidas concretas para enfrentar el cambio climático, Puerto Rico podría enfrentar pérdidas económicas estimadas en $379,000 millones para 2050. La cifra equivale al 18.3% del Producto Interno Bruto (PIB) acumulado entre 2021 y 2050.
Asimismo, se advirtió la necesidad de reubicar comunidades costeras ante el avance del cambio climático, ya que aproximadamente un 16% de la isla está expuesto al riesgo por aumento del nivel del mar y erosión costera.
Mientras, la oceanógrafa Maritza Barreto urgió al gobierno local a mirar el documento, en el que esta colaboró.
“Tienen un plan bien pensado, bien trabajado. [...] Yo creo que este es el momento de que el gobierno local vea un compromiso real con el tema de estos eventos extremos y el cambio climático y proteger el bienestar de la gente”, detalló Barreto.
A su vez, Soderberg alertó sobre decisiones preocupantes de la administración local, específicamente sobre una orden ejecutiva que exime proyectos energéticos de permisos ambientales.
“Por ejemplo, si hay una planta generatriz existente que haya que reparar una de sus unidades, no sería necesario pasar por el proceso de permiso ambiental. Vamos a ponerlo en el caso extremo que haya que cambiar la caldera totalmente, pues que no haya que pasar por el sistema de permiso. Me parece que ese tipo de desarrollo, sí, debe de contar con permiso y procesos ambientales, como una declaración de impacto ambiental”, advirtió.
Barreto, por su parte, destacó que las primeras medidas de la administración de González son reflejo de una plataforma de gobierno carente de visión ambiental.
“Yo no identifiqué alguna política de campaña alineada al asunto ambiental. Lo que yo estoy viendo actualmente se alinea a lo que se presentó, que no hubo ninguna iniciativa ambiental”, dijo Barreto al analizar la plataforma política del Partido Nuevo Progresista (PNP).
Asimismo, la oceanógrafa coincidió con Soderberg en que las acciones de la administración federal son regresivas y peligrosas, específicamente el retiro de Estados Unidos del Tratado de París.
Zona Marítimo Terrestre
Uno de los temas ambientales más controvertibles de la presente administración es el Proyecto de la Cámara 0025, radicado por el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez. Este propone redefinir la Zona Marítimo Terrestre (ZMT).
Para Barreto, la medida “no tiene ninguna base en la ciencia”. Esta llamó la atención sobre los efectos de eliminar componentes como la playa seca de la definición legal de la ZMT.
“Con este proyecto, lo que estamos haciendo es que, en muchas áreas, aumente la exposición a pérdidas de infraestructura, y no me sorprendería hasta impactar la seguridad de la gente”, advirtió Barreto.
Soderberg relató que hace “aproximadamente un año”, el CEACC entregó recomendaciones sobre cuál debe ser la definición de la ZMT, tras una solicitud directa de la Legislatura.
Sin embargo, dicho proyecto de ley redefine la ZMT como “el espacio de las costas de Puerto Rico que baña el mar en su flujo y reflujo hasta donde llega el mayor desplazamiento horizontal de la marea astronómica durante los equinoccios, en donde son sensibles las mareas, y las mayores olas en los temporales ordinarios no ciclónicos en donde las mareas no son sensibles”.
Contrario a la redefinición propuesta, el CEACC recomendó que la ZMT se debe definir como “el espacio de costa que es parte de la zona costanera que su delimitación tierra adentro incluye consideraciones físicas, ecosistémicas, geomorfológicas e hidrológicas”. Asimismo, se desarrollaron definiciones específicas para cada uno de los criterios utilizados en la delimitación: físicos, ecosistémicos, geomorfológicos e hidrológicos.
Estas consideraciones no están presentes en el proyecto ante la consideración de la Cámara de Representantes.
