La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) propuso un recorte en el presupuesto del Gobierno de Puerto Rico para el año fiscal 2026, al tiempo que determinó que la propuesta presupuestaria del Ejecutivo incumple con el Plan Fiscal certificado en 2024, por lo que emitió una notificación de violación conforme a la Ley federal PROMESA.
En una carta enviada este lunes a la gobernadora, Jenniffer González, la JSF redujo el tope del presupuesto de $13,258 millones a $13,095 millones.
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Según la JSF, el plan presupuestario presentado el pasado 3 de marzo carece del cumplimiento requerido con las proyecciones y directrices del Plan Fiscal certificado en junio de 2024. La Junta otorgó al gobierno hasta el próximo 28 de abril para someter una versión corregida del presupuesto, que debe incorporar ajustes específicos y demostrar mayor disciplina fiscal.
Riesgo por pérdida de fondos federales
Uno de los principales señalamientos de la JSF es la dependencia del gobierno de fondos federales no recurrentes, muchos de los cuales están expirando tras haber sido utilizados durante la pandemia de COVID-19 y para atender desastres naturales. Según el documento, aproximadamente la mitad del presupuesto del año fiscal 2025 dependió de fondos federales, lo que coloca en una situación de riesgo la continuidad de múltiples programas si no se identifican ingresos sostenibles.
En particular, el Departamento de Educación de Puerto Rico identificó hasta $500 millones en gastos cubiertos por fondos federales no recurrentes que estarían en peligro. La JSF advirtió que el gobierno “no tiene la capacidad fiscal” para reemplazar esos fondos y exigió una planificación estratégica clara y priorización de servicios esenciales. La advertencia surge en medio del proceso de evaluación presupuestaria por parte de la Legislatura.
El gobierno había solicitado a la JSF el acceso a $777 millones de fondos de reserva para cubrir iniciativas adicionales, pero luego revisó la petición para ajustarla a $584 millones. “La Junta de Supervisión ha evaluado las solicitudes del Gobierno con las modificaciones especificadas. Al considerar cada una de las solicitudes del Gobierno de fondos adicionales y cambios presupuestarios, la Junta revisó la información justificativa, cuando se proporcionó, y mantuvo conversaciones exhaustivas con el Gobierno y los organismos pertinentes”, detalla la carta de 37 páginas que firma el director ejecutivo de la Junta, Robert Mujica.
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Iniciativas denegadas por falta de evidencia
Entre las propuestas rechazadas destacan:
- $102.1 millones solicitados por la Administración de Familias y Niños, incluyendo fondos para contratar trabajadores sociales y donaciones a adultos mayores y personas con discapacidad. La JSF argumentó que no se presentó un plan de implementación detallado.
- $47 millones solicitados por el Departamento de Educación, incluyendo $30 millones para deudas relacionadas con la Carrera Magisterial y $10 millones para mantenimiento de subestaciones eléctricas en escuelas.
- $21.3 millones para medicamentos de Hepatitis C en el sistema correccional.
- Fondos para el desarrollo de proyectos tecnológicos, contratación de personal adicional en agencias, y mejoras a sistemas de permisos, entre otros.
La razón más común para estas denegaciones fue la falta de información detallada, justificación de los costos, o un análisis adecuado del impacto y viabilidad de las propuestas.
Aprobaciones parciales y nuevas asignaciones
No obstante, la JSF aprobó o parcialmente aprobó asignaciones clave, incluyendo:
- $60 millones para la Universidad de Puerto Rico, para apoyar sus operaciones.
- $50 millones en préstamo para cubrir pensiones de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
- $28.7 millones para el Departamento de Salud, para adquirir equipo médico y equiparar salarios de enfermeras.
- Fondos para ambulancias, bomberos, mitigación de deslizamientos, servicios de salud mental y contratación de policías y oficiales correccionales.
En varios casos, la JSF condicionó la asignación de fondos al cumplimiento de metas específicas, como someter planes de acción, estrategias de autosuficiencia o reportes de progreso.
Control estricto y transparencia
La carta detalla además nuevas reglas para el uso de fondos, al establecer que no se podrá reprogramar dinero entre partidas sin la aprobación previa de la JSF. También requirió la entrega de informes mensuales sobre el uso de fondos federales, gastos de capital, y nómina de agencias clave como Educación, Salud y Corrección.
Asimismo, la JSF reiteró que solo se podrá acceder al fondo de emergencia si la gobernadora declara un estado de emergencia formal y se presentan informes detallados sobre el uso de los recursos.
Próximos pasos
La gobernadora González Colón deberá presentar una versión revisada del presupuesto que cumpla con las exigencias de la Junta antes del 28 de abril. De no lograrse ese cumplimiento, la JSF podría adoptar una versión propia del presupuesto conforme a las disposiciones de PROMESA.
