La delegación del Partido Popular Democrático (PPD) del Senado denunció datos oficiales sobre la renegociación del contrato de la empresa Genera por parte de la actual administración de Jenniffer González Colón.
La petición, dirigida al director ejecutivo de la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas (APP), Josué Colón, requiere el contrato del gobierno estatal con Genera, así como el contrato enmendado.
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A su vez solicitaron los documentos relacionados a ese proceso de renegociación, las comunicaciones que intercambió el gobierno con el Negociado de Energía y las cartas o evidencia que demostraran que el gobierno le ha informado a LUMA Energy sobre el incumplimiento de las cláusulas contractuales.
“Tras recibir y revisar la información, hoy le notificamos al país el análisis de esos datos, que nos llevan a levantar bandera sobre varios aspectos. Con relación al tema de Genera, en primer lugar, la administración de Jenniffer González públicamente reclama que la renegociación de este contrato se dio a iniciativa de su administración. Eso es falso y refleja la doble cara de la gobernadora. Del informe confidencial que preparó la empresa FTI Consulting, todo parece indicar que fue el propio Genera quien hizo los acercamientos iniciales para renegociar este contrato. ¿Qué demuestra que haya sido Genera quien hace el acercamiento para renegociar? Pues que Genera sabía que el contrato original no era costoefectivo para ellos, que era mejor un pago fijo por $110 millones de dólares y el Gobierno Estatal cedió a eso”, expuso el senador Luis Javier Hernández Ortiz.
La delegación popular, sumado a la denuncia, también exigió que la administración de la gobernadora hiciera público el informe que fue pagado con fondos públicos.
Conforme al comunicado, actualmente hay una moción presentada por el Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica, donde se exigió que el Negociado de Energía ordene la publicación de dicho informe, pero no ha habido determinación del Negociado sobre el asunto.
Se detalló, además, con la renegociación del contrato de Genera, se eliminaron los posibles pagos por incentivos a los que esta empresa podía tener derecho, a cambio de un pago fijo de $110 millones por el término del contrato.
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Por su parte, la portavoz alterna, Marially González, senadora por el distrito de Ponce, expuso que “con esa enmienda, se eliminó el “Decommissioning Incentive” (Incentivo por desmantelamiento).
Este incentivo le hubiera dado paso a que Genera se obligara a modernizar el sistema energético del País., sin embargo “el gobierno local prefirió otorgar $110 millones a Genera antes de modernizar nuestra infraestructura de generación”.
En tercer lugar, el senador Josian Santiago señaló que referente a la renegociación del contrato de Genera, al eliminarse los ‘incentive payments’ o bonificaciones, se eliminó el requisito de que Genera lograra ahorros de combustible.
“¿Qué significa esto? Con el contrato original, si Genera lograba ahorros en el combustible, presentaba un ‘Fuel Optimization Plan’ (plan de optimización de combustible, podrían ser compensados por lograr ahorros en el bolsillo del consumidor, porque un ahorro en el uso del combustible representaba precisamente eso, un incentivo para la empresa. Ahora, sin embargo, por un pago fijo de $110 millones de dólares, Genera sale ganando, sin importar si ahorran combustible o no”, expuso el senador.
La senadora Ada Álvarez Conde cuestionó de dónde vendrán los fondos necesarios, ya que la gobernadora aún no ha hecho el detalle público.
“¿De donde saldrá el dinero para el pago fijo de los $110 millones? La gobernadora, a esta fecha, no ha dicho públicamente de qué partida saldrá eso. Sí alegó el pasado 27 de marzo que ese dinero no saldría de un aumento en la tarifa. Pero la realidad es que la gobernadora nuevamente le falló al país, y dejó en evidencia la doble cara, pues seis (6) días antes, el 21 de marzo, el Gobierno Estatal compareció para decirle al Negociado de Energía que de los $110 millones para el pago fijo a Genera, un total de $70 millones (el 63.64%) saldría de las reconciliaciones futuras del ‘Fuel Charge Adjustment (FCA)‘. ¿Qué significa eso? Nada más y nada menos que un ajuste a la factura de los consumidores que comenzará a sentirse tan reciente como en el mes julio de este año”, dijo.
El ‘FCA Clause’ es el ajuste por cargo de combustible. Es un mecanismo mediante el que se ajusta el costo de la electricidad que pagan los consumidores.
El expresidente senatorial José Luis Dalmau Santiago explicó que, “en quinto lugar, el Gobierno Estatal ha dirigido misivas a LUMA Energy sobre distintos asuntos: le señalaron el incumplimiento con normas de contratación federal; la falta de colaboración con unas auditorías e incluso de obstruir la labor de la Oficina del Contralor en unos procesos de auditoría que estos estaban llevando a cabo. Sin embargo, no hay señalamiento alguno contra la empresa aun cuando desde el 18 de febrero de 2025, desde el Senado le cursamos una misiva a Josué Colón donde le informamos que luego de un año que la empresa había anunciado el despeje de 16,000 millas de líneas eléctricas, solo había despejado 72 millas a razón de un costo total de $12.9 millones, lo que representa un costo de $179,166.67 por milla de despeje”.
Durante la conferencia de prensa se señaló que una de las responsabilidades de LUMA Energy es trabajar con el manejo de la vegetación y la empresa “incumple con eso”. Al presente, APP no le ha hecho señalamiento alguno a LUMA con relación a ese tema.
“Nuestro llamado a la Gobernadora y al Zar de la Energía es que comiencen a hacer los señalamientos de rigor a la empresa de energía por este asunto. El contrato entre LUMA y el Gobierno de Puerto Rico establece que la empresa tiene la responsabilidad de brindar mantenimiento al sistema, y lo que está haciendo LUMA no puede considerarse como un mantenimiento. ¿Cómo es que de 16,000 millas solo han completado 72? Hay base suficiente para que P3 los señale por eso”, finalizó el senador Santiago.
Los datos fueron producto de una petición de información registrada oficialmente el pasado 5 de marzo de 2025 en la Secretaría del Senado.
