La secretaria designada del Departamento de Estado, Verónica Ferraiuoli y su esposo, el secretario de la gobernación, Francisco Domenech, entregaron “tardíamente” documentos relacionados a posibles conflictos de interés a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).
Así lo confirmó el director ejecutivo de la Oficina, Luis Pérez Vargas, durante la Comisión Total que se lleva a cabo para evaluar el nombramiento de la secretaria, al ser cuestionado por el senador popular Luis Javier Hernández.
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Según se informó en la vista, Domenech presentó su petición de inhibición el 27 de enero, el mismo día en que el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, le hizo un segundo requerimiento formal al funcionario de Ética. La inhibición de Ferraiuoli, por su parte, fue sometida aún más tarde, el 7 de abril, a pesar de que ambos habían sido nombrados en enero y ya estaban tomando decisiones dentro del gobierno desde entonces.
Una petición de inhibición a la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico se realiza para evitar que un servidor público intervenga en un asunto donde pueda existir un conflicto de intereses, ya sea personal o de personas relacionadas.
“Cuando recibimos la inhibición de Domenech, quedó claro que había un conflicto relacionado con sus asuntos. Incluso cuando ella asumió como gobernadora interina, en ese momento, aunque lo sometió más adelante, se entendía que se estaba cubriendo la base ante posibles conflictos, porque él dependía de ella en todos los aspectos. Y al respetar su mecanismo de inhibición, ella no incurría en ninguna violación”, detalló Pérez Vargas.
Hernández, además, subrayó que esta radicación “tardía” levanta dudas sobre decisiones que pudieron haber tomado mientras ya existía un conflicto potencial. Aunque Pérez Vargas reconoció que no existe un límite legal para presentar una inhibición, admitió que este tipo de situaciones pueden dar paso a cuestionamientos públicos sobre la apariencia de impropiedad.
De hecho, otro de los puntos discutidos fue el hecho de que Ferraiuoli ocupa también el cargo de directora del Centro de Convenciones, con un salario de un poco sobre $200,000. Hernández sostuvo que ese salario representa un aumento sustancial respecto al que percibía previamente quien ocupaba esa posición, y cuestionó si su esposo, miembro de la junta de gobierno del centro, intervino en esa decisión o se inhibió de participar.
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“En la medida en que él menciona que es un conflicto referente a ella, debe entrar también al asunto del conflicto de convenciones. Y en el puesto de la junta que él compone, en el documento también menciona que él delega en la participación de la junta [...]”, mencionó el director.
Asimismo, Hernández cuestionó si resultaba extraño que una de las primeras acciones de Ferraiuoli al asumir la dirección del Centro de Convenciones fuera aumentarse el salario. También apuntó que la situación se agrava al considerar que Domenech, desde su posición como secretario de la Gobernación, funge como jefe de los jefes de agencia, incluyendo a su esposa.
Ante el cuestionamiento del salario, Perez Vargas aseguró que es un proceso que lleva bajo la jurisdicción de un Tribunal, que está sujeto a multas, pero que desconoce del caso particular de Ferraiouli. Levanto que, si Ferraiuoli aumentó su sueldo en el Centro de Convenciones debido a que fungirá como Secretaria de Estado durante esas horas laborales, entraría un conflicto de interés.
“Podría entrar, en la medida en que el interés personal o económico tenga un interés público, podría configurar su conflicto de convenciones”, dijo.
El senador concluyó afirmando que hay un conflicto de interés entre las partes, que la oficina de ética ha permitido desarrollar, aunque sin identificar ilegalidades.
“En esta ocasión, la inhibición que su oficina dio, y aunque legalmente la autorizó, está permitiendo que dos personas prácticamente tengan el control del gobierno, porque el secretario de la gobernación dirige y gerencia el gobierno, y es el jefe de todos los secretarios, incluyendo la secretaria de Estado. La secretaria de Estado, cuando la gobernadora no está, es la gobernadora de turno. [...] Hay cosas que aunque sean legales, se pueden ver inmorales. Hay cosas que aunque la ley los permita, ni usted ni yo lo dejaría hacer. Por ejemplo, usted mismo dijo que no permitiría que un familiar suyo trabajara con usted, aunque se puede, porque usted puede pedir una inhibición, puede pedir a mano de una dispensa, pero usted no lo haría porque, aunque es legal, se ve inmoral”, concluyó Hernández.
