La presidenta de la Red Nacional de Albergues de Violencia de Género, Coraly León Morales, confirmó que se reunió con miembros de la Cámara de Representantes con el fin de enmendar el proyecto de ley que propone la construcción de albergues mediante la Ley de Alianzas Público-Privadas (APP).
“Nosotras estamos planteando que el proyecto debe ser enmendado para que en vez de enfocarse en la construcción de albergues, se enfoque en el desarrollo de vivienda asequible para víctimas de violencia doméstica porque, primero, en Puerto Rico ahora mismo estamos enfrentando una situación de gentrificación donde no hay vivienda disponible para las sobrevivientes, así que se convierte en una barrera bien real para víctimas y sobrevivientes huyendo, el no poder asegurar un techo seguro para sus hijos y sus hijas, y para ellas mismas”, detalló León Morales en Metro al Mediodía.
Según explicó la presidenta de la Red, tuvieron “conversaciones positivas” con el presidente y vicepresidente de la Comisión de Gobierno de ese cuerpo legislativo, Víctor Parés y Eddie Charbonier, respectivamente, quienes evaluarán la medida tras ser aprobada en el Senado. Asimismo, que sostuvieron una reunión con La Fortaleza y la Procuraduría de la Mujer (OPM).
“La semana pasada compartimos una carta que esbozaba nuestras preocupaciones y también la alternativa de poder enmendar el proyecto para que viniera a atender un problema muy real que enfrentan víctimas y sobrevivientes en Puerto Rico”, comentó León Morales.
Se trata del Proyecto del Senado (PS) 430, de la autoría del presidente senatorial Thomas Rivera Schatz, que busca la construcción, mantenimiento u operación de edificaciones cuyo único propósito sea albergar a mujeres víctimas de algún delito de violencia doméstica en Puerto Rico y establecer la composición de un comité para esos fines.
“Esta Asamblea Legislativa entiende que el tema de la violencia doméstica es uno sumamente complejo y sensitivo, el cual debe ser atendido por las entidades gubernamentales con pericia en la materia. Es por esto que entendemos que mediante la creación de Alianzas-Público Privadas debemos insertar un nuevo elemento en nuestra lucha para erradicar la violencia de género. Este objetivo podrá ser logrado a través de las disposiciones de esta ley, y se podrá dar énfasis a este tipo de contratos de alianza público privadas, así como agilizar los procesos para el establecimiento de este tipo de infraestructura”, cita la pieza legislativa en su exposición de motivos.
Además, la medida establece que el Comité de Alianza creado para estos fines contará con la participación del Departamento de Justicia (DJ), el Departamento de la Familia (DF), la OPM) y los alcaldes de los municipios donde se desarrollen las iniciativas.
