Ante la negativa de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) a pagar la deuda retroactiva de los años 2014-2015, que asciende a 30 millones de dólares a docentes por carrera magisterial, la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR) repudió la postura del ente y anunció que este será uno de los reclamos en la marcha del 1ro de mayo.
Según la denuncia, al momento son alrededor de 6,000 los docentes a quienes el Departamento de Educación (DE) les adeuda y que han esperado 11 años para el pago retroactivo. Tras la aprobación de la Ley 9-2022, más conocida como “Ley de Ajuste Salarial para los Maestros y Maestras Conforme a la Ley de la Carrera Magisterial”, la cual aborda la reactivación de la carrera y el pago de la deuda, la JCF se ha opuesto a esta ley, afectando a los miembros del magisterio.
A su vez, el DE no ha culminado la evaluación de revisión salarial 2024. Por tanto, estos docentes desconocen cuándo les pagará el dinero adeudado. De la misma manera, a las activaciones de 2023 rechazadas se les adeuda un año de pago que tampoco fue mencionado en el memorial explicativo del DE en las vistas de presupuesto, por lo que la FMPR alega que el número de personas esperando su dinero se incrementa a entre 13,000 y 14,000 docentes.
“Es menester que la Junta apruebe estos aumentos para los cuales los maestros han trabajado, que la Legislatura apruebe el proyecto del Senado 326 para garantizar una escala salarial para todos, y por ello exhortamos al magisterio a acompañarnos a marchar el 1 de mayo”, expresó Mercedes Martínez Padilla, presidenta de la FMPR.
La marcha será desde la Universidad de Puerto Rico (frente a la escuela Ramón Vila Mayo) hasta las instalaciones de la Junta de Control Fiscal. Entre los reclamos de la FMPR se encuentran: el nombramiento de facilitadores de educación especial, una escala salarial justa y el pago inmediato del dinero adeudado por carrera magisterial.
Además, la FMPR busca la aprobación del Proyecto del Senado 326, que permitiría un salario justo para nuestros maestros y maestras; el Proyecto de la Cámara 45, que ajusta la pensión por la inflación; el P.S. 420, dirigido al fortalecimiento real y sostenido de la educación pública; la Resolución Conjunta del Senado 28, que busca prohibir el establecimiento de escuelas charters; y enmiendas a la Ley 9-2021 para permitir elecciones sindicales.
