No puedo borrarlo de mi mente. Para mi escapa toda lógica el saber que con solo 9 añitos Khrislanie del Valle pudo haber decidido quitarse la vida. Aunque según los expertos en conducta humana, queda claro que la depresión no escapa a los más pequeños, lo ocurrido con esa pequeña de Caguas me asalta con frecuencia. Sobre todo cuando el caso es visto desde la mirada de su entorno y las preguntas que quedan por ser contestadas sobre la aparente ineficiencia del Estado en medio de esa burocracia que se come el servicio público hace décadas y que ahora solo ha empeorado con victoria de ese discurso del recorte masivo como salvavidas ante la crisis económica.
Creo que no acepta discusión. Nuestro Gobierno resulta en gran medida inoperante. Desde hace años, pero cada vez con mayor intensidad. Salvo contadas excepciones, el aparato gubernamental se debate entre lo arcaico de sus métodos y la deficiencia de personal en áreas clave. La combinación es una bomba letal en la que el país es la víctima colateral. Si no, vea el caso de esta niña y el papel de tres agencias de gobierno. Los departamentos de Familia, Educación y Vivienda. La menor exhibía un patrón marcado de ausentismo, denunciaba su comunidad escolar. Un ausentismo que también ha evidenciado su hermanito de 5 años. La mayor parte del pasado semestre, la niña (y su hermano, según autoridades escolares) se ausentaron de las clases presenciales. En lo que va de semestre no se habían presentado ni un solo día a la escuela. Por ello, el pasado septiembre, la escuela comenzó un proceso para contactar a la madre. “No contestaba las llamadas”, han dicho los portavoces de Educación. Cuando finalmente lo hizo, prometió enviar la niña a la escuela, una promesa que duró solo una semana. Luego el ausentismo regresó con igual intensidad. Y comenzó una cadena de reacciones inconexas entre agencias de gobierno que con demasiada frecuencia actúan de manera aislada sobre asuntos evidentemente vinculados. En este caso, el bienestar de una niña.
Educación refirió el asunto al trabajador social del residencial público donde residía la familia, administrado por el Departamento de la Vivienda. Al mismo tiempo, hizo lo propio con el Departamento de la Familia. Según el informe del caso provisto por Vivienda, el trabajador social contactó a la madre y “vía telefónica” le instruyó sobre la necesidad de enviar a la niña a la escuela. Esa gestión realizada en septiembre terminó tan rápido como se terminó la llamada telefónica. En septiembre. Sin seguimiento de tipo alguno. Al mismo tiempo, el referido a activo del Departamento de Educación a su contraparte, Familia, cayó en un saco vacío por una combinación de factores que se ha vuelto letal en múltiples casos. Falta de personal (la agencia necesita por lo menos 400 trabajadores sociales adicionales) y burocracia. Según la secretaria de la agencia, aunque Educación refirió el caso en octubre del pasado año, Familia nunca visitó el hogar familiar. Ni siquiera lo intentó. Para ello ofreció dos excusas. La primera, que “no había indicios de maltrato”, según lo describió la titular de la agencia. En cualquier caso, no habría indicios de maltrato físico. Pero de maltrato, indudablemente había. El no enviar a una niña a la escuela durante meses es una modalidad de maltrato. La segunda, que “no hay personal suficiente”. Y no lo hay porque el Gobierno ha prescindido de empleados para ahorrar dinero y pagar a los bonistas la famosa deuda pública. Un ejercicio en el que había que sacrificar a una de las partes. Y entre los servicios a los ciudadanos, el propio bienestar de los niños y el pago a los bonistas, los sacrificados han sido los primeros. Agencias aguadas, sin empleados suficientes. Llenos de ganas de servir, sin duda, pero insuficientes. En el caso de esta niña no sabemos si era maltratada. Tampoco si la intervención del Estado habría cambiado el escenario que vivimos hoy. Pero si el suicidio se confirma como la causa de su muerte, sí sabemos que la intervención a tiempo de un profesional de la conducta humana pudo haber identificado situaciones de riesgo y establecido planes para atenderlas. Pero ese contacto nunca se produjo.
Y no pasa nada. Para el Gobierno, la historia terminó. “No tengo recursos”, ¿y qué? Mi protocolo ha probado no ser eficiente, ¿y qué? Ante la ineficiencia del Estado no hay consecuencias. ¿Morirán más niños gracias a ese pantano de la burocracia que se torna indolente? Con toda probabilidad. ¿A alguien le importa? Por lo visto, no a quienes debería importarle. ¿Algo va a cambiar? ¿O nos conformamos con sorprendernos cada vez que un niño o niña muere en esta guerra avisada?
