En 2019 el Tribunal Supremo de Puerto Rico tomaba una determinación que demuestra que lo que valida que el derecho no siempre es sinónimo de buen juicio o conveniencia colectiva. Entonces, como consecuencia de un pleito presentado por los fenecidos ex gobernadores Carlos Romero Barceló y Rafael Hernández Colón en respuesta a una determinación administrativa del entonces gobernador Aníbal Acevedo Vilá que eliminaba el beneficio de las escoltas a los ex gobernantes. En su determinación, el Tribunal Supremo concluía que las escoltas eran un derecho adquirido que no podía ser eliminado. La opinión pública no pensaba igual a la luz de las reacciones.
Y parece seguir opinando lo mismo. Entonces, el beneficio de las escoltas a los ex mandatarios suponía un gasto público de cerca de $4 millones. Ya para esa época echaba raíces la crisis que vivimos hoy. La misma que ha provocado que el argumento legal de “derecho adquirido” haya sido echado al zafacón por los tribunales al intentar defender el retiro y beneficios de los empleados públicos. ¿Por qué una lujo como las escoltas puede mantener su defensa legal de “derecho adquirido” y saltarse los recortes, mientras las pensiones y una larga lista de etcéteras no han corrido la misma suerte? Conviene, indudablemente, volver a mirar el asunto. Y eso incluye al Tribunal Supremo. Mientras el país está corto de 4 mil policías, 400 trabajadores sociales, vigilantes de reservas naturales, salvavidas y recibe servicios deficientes como consecuencia de los recortes, datos del Gobierno confirman que entre 2016 y 2021, se pagaron más de $9 millones en horas extras a agentes que sirven de escoltas a ex gobernadores.
El exceso en horas extras por concepto de escoltas se hizo evidente el pasado año. Según los números, el pago de horas extras para escoltas de funcionarios y ex funcionarios también sumó una cifra millonaria. El ex gobernador Alejandro García Padilla requirió $145 mil en horas extras. La ex gobernadora Wanda Vázquez unos $129 mil por el mismo concepto. Lo mismo con la comisionada residente, Jennifer González, que sumó $189 mil y el jefe de la policía, Antonio López, con $182 en “overtime”. A esa cifra aún debe añadirse el total en horas extras para otros funcionarios e incluso personas que no están en la nómina del Gobierno, como Caridad Pierluisi, quien según la Cámara de Representantes, también recibe escoltas. Pero hay más. La Junta de Control Fiscal, encargada primaria por delegación congresional de velar por el uso del dinero público, también recibe escoltas como consecuencia de un contrato que requiere más de $30 mil mensuales.
¿Es necesario que todos esos funcionarios y ex funcionarios reciban servicio de escoltas? Definitivamente que no. La pregunta es, quién le pone punto final al gasto en momentos en que no hay para gastar. Precisamente, el pasado enero se radicó en la Cámara el proyecto 1135 que pretende eliminar el beneficio de las escoltas a los ex gobernadores y eliminar la discreción del jefe de la Policía para extender el beneficio a quien entienda necesario, por las razones que crea pertinentes. Ahora estará por verse si eso o algún proyecto similar verá la luz del día. Sin embargo, no eliminar esa “grasa” que aún queda en el Gobierno -no solo en este, sino en múltiples áreas- hará complicada la tarea de la oficialidad a la hora de explicar por qué no hay dinero para unas cosas, indudablemente importantes y cercanas a los servicios a los ciudadanos, y para otras evidentemente irrelevantes, sí lo sigue habiendo.
