Ya pensar en faltas incidentales, estrictamente anecdóticas al hablar de la falta de protección de nuestros recursos naturales sería caer en el absurdo. Resulta lamentable tener que decirlo, pero es preciso concluir que la política pública que impera en la isla hace años es la de permitir la total impunidad en la destrucción de nuestros recursos naturales. Los hechos son más que elocuentes.
Lo sé. En el papel la cosa es distinta. Este es “un país de ley y orden” hemos escuchado decir a nuestros más recientes gobernantes. Pero la realidad desmiente esas afirmaciones cuando se trata del cumplimiento de leyes ambientales. En su lugar, las leyes vigentes se convierten en letra muerta hasta que alguien es atrapado con las manos en la masa. Como aquel que juega el “un, dos, tres pesca’o” y busca huir de la mano de quien quiere atraparle, nuestros funcionarios solo hacen valer esas leyes cuando son denunciados públicamente. El caso más reciente es el de Salinas donde desde 2015 los locales conocen de violaciones a una reserva natural incluso protegida (en el texto) por las autoridades federales. El papel dice que allí no se construye. Pero se construyó. Y se logró conexión de agua y de luz. Y se segregaron terrenos y se vendieron, aunque ahora ninguna agencia de Gobierno sabe cómo. Aunque ahora todas investigan, probablemente porque no les queda más remedio.
Lo mismo ocurrió en Rincón con la famosa piscina en el condominio “Sol y playa”. El caso había llegado a la atención de las agencias llamadas a proteger los recursos naturales, pero ninguna hizo lo suficiente. Solo las denuncias públicas y las manifestaciones lograron despertar la atención de las agencias que no tuvieron otra alternativa que , probablemente a regañadientes, hacer valer aquello que el papel dejaba claro.
Lo mismo ocurrió en la playa Las Picuas de Río Grande donde “nadie se dio cuenta” que se colocaron 5 portones que tenían el efecto de privatizar la mejor playa de ese municipio costero. Solo después de la denuncia el Departamento de Recursos Naturales se dio por enterado y su titular aseguró el 2 de marzo que se enviaría personal para “verificar”qué ocurrió. Ignoro y luego actúo. Permito las violaciones y luego “las remedio”. Un eterno pillo y policía que deja claro que el interés en hacer lo que toca es mínimo y que , si no existiera la fiscalización, el activismo y la denuncia periodística, está clarísimo que aquí nos lleva quien nos trajo.
Si las agencias de Gobierno llamadas a hacer valer leyes y reglamentos ignoran consistentemente las labores que están llamadas a realizar, ¿puede el Poder Ejecutivo distanciarse de esta conducta repetitiva o es, en definitiva esa conducta una validación de la política pública? Las acciones -o la ausencia de ellas- hablan más que las palabras
