Preocupan las expresiones que recién hiciera la Honorable Maite Oronoz Rodríguez, jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, en su participación ante la Cumbre de Afrodescendencia, cuando dice que debiera incluirse información sobre raza, es decir, saber si el ciudadano que se enfrenta a la Ley “es blanco o es negro”, con la intención de medir un alegado racismo estructural y sistémico que se asume como un hecho incontestable en el sistema judicial de Puerto Rico.
Presumiendo que, en el contexto del panel en que participaba, la Jueza Presidenta hacía referencia a buscar una manera de identificar a los afrodescendientes entre quienes se enfrentan al sistema judicial de Puerto Rico, esto significa que estamos ante un tema genético, asunto que representa un gran dilema para el sistema judicial a la hora de constatar tal categoría. Existen dos métodos para hacerlo. Uno sería mediante la inspección visual del individuo, lo cual presenta un reto de grandes proporciones. ¿Cómo determinar meramente por los rasgos físicos si un individuo puertorriqueño es negro o es blanco? ¿Cómo clasificar la infinidad de matices de piel, estructuras faciales, formas de cabello, colores de ojos, que presentan los puertorriqueños, yendo desde el hincho ojos verdes pelo rizo que pudiera ser empresario o pobre de barrio, hasta la mujer de piel negra oscura y pelo lacio que pudiera ser profesora universitaria o empleada doméstica? Esta identificación visual, evidentemente, presenta serios problemas de derecho mismo, y le abre la puerta de par en par a nuevos discrímenes y prejuicios a la hora de decidir quién cualifica como negro y quién como blanco en Puerto Rico. Esto sin mencionar las evidentes semejanzas con el criminal sistema creado por los nazis en Alemania para categorizar los rasgos físicos de los judíos.
No siendo la inspección visual la mejor alternativa, tendría que recurrir el Tribunal al segundo método, el científico, y remitirse a pruebas de ADN. ¿Cómo establecer entonces el porciento de sangre africana que convierte a un puertorriqueño en afrodescendiente? ¿50%? ¿Más? ¿Menos? ¿Cuánto más? ¿Cuánto menos? Y los que tengan 1, 2 o 3%, ¿no cuentan? Los antepasados africanos que representan ese rastro genético, ¿no valen nada? ¿Y qué si los porcientos no corresponden con las apariencias físicas, como ocurre frecuentemente en las sociedades mestizas? Nuevamente, un sistema de inspección genética mediante ADN representa un serio dilema para al sistema de justicia puertorriqueño, no sólo en derecho, sino que le abre las puertas a un sistema y estructura racista que antes no estaba, y a un discurso sobre razas de por sí racista y decimonónico. Tal vez, en lugar de afrodescendencia, concepto genético, biológico, excluyente, que remite al discurso racista de las razas, debiéramos volver a hablar de herencia africana, término cultural inclusivo que nos aglutina a todos como puertorriqueños.
Con semejante comentario, la Jueza Presidenta parece ignorar la realidad de que Puerto Rico es un país mestizo, cuya población, en su mayoría, no puede categorizarse ni como negra absoluta ni como blanca absoluta. Debemos presumir que la Jueza entiende, torcido su entendimiento por ser parte integral del sistema colonial, que nuestra sociedad y la estadounidense son una misma cosa. Basta con señalarle que la sociedad estadounidense se organizó, desde sus comienzos, según las razas, así como la sociedad india según castas, las islámicas según religiones, y las europeas, incluida la española, de la cual somos herederos, según relaciones socioeconómicas, de las cuales, las relaciones raciales, son una de ellas. Pretender establecer en nuestro sistema judicial una división entre negros y blancos no sólo resulta aberrante, sino que es adoptar las peores prácticas de “racial profiling” del sistema racista de los EEUU, socolor de ponerle el dedo encima a una práctica de racismo sistémico e institucional en Puerto Rico que se da como una verdad absoluta, pero que sólo los teóricos constatan.
Vale destacar que existe sin duda un racismo interpersonal en Puerto Rico, producto de las desigualdades socioeconómicas que han imperado aquí desde los tiempos de la corona española, y fruto de la mezcla racial única que se dio en la isla. Dicho racismo debe combatirse en todas sus manifestaciones y todos sus frentes, pero en ese afán debemos estar atentos también de no copiar ciegamente discursos sobre raza nacidos en las academias de los EEUU (critical race theory), en contextos sociales donde el racismo fue el sistema utilizado desde el comienzo. Dichos discursos, aplicados en Puerto Rico sin traducción ni adaptación a nuestro contexto nacional mestizo, resultan incongruentes con la realidad.
Sugiero que antes que luchar contra un racismo fantasma impuesto por los discursos teóricos en boga, ocupémonos por vencer el sistema colonial que impone los EEUU contra todos los puertorriqueños por igual, que, más que racista, es la esclavitud misma. Establecer perfiles raciales en nuestro sistema judicial, como ha sugerido la jueza presidenta del Tribunal Supremo, no sólo es un acto incongruente para un país mestizo, es un acto que fortalece el racismo del sistema colonial en Puerto Rico.
