La pandemia y la guerra en Ucrania han tenido un efecto directo en la cadena de suministros y el debate eterno de la capacidad de Puerto Rico de suplir la necesidad alimentaria de sus habitantes vuelve a tomar preeminencia. Por consiguiente, hace falta una política pública clara que este comprometida con el agricultor puertorriqueño, para ayudarlo a levantarse, solidificando sus finanzas y dándole esperanza de libertad financiera que le ayude a sostener a su familia.
Por lo anterior, es imperativo que como sociedad trabajemos arduamente para poder lograr unos avances concretos y certeros en consecución de esta meta. Es necesario la aprobación e implementación de legislación puntual y clara que vaya dirigida a liberalizar y modernizar el funcionamiento de los mercados agrícolas en la Isla. Hay que analizar y estudiar la integración de nuevas tecnologías, incluyendo “blockchain”, para entrelazar las múltiples bases de datos, agregarlas y permitir la publicación de precios actualizados de compra y venta por renglón de producción que permita a los agricultores y distribuidores la toma de decisiones informadas, sabiendo con claridad que es lo que se produce en la isla, en que cantidades y las necesidades de los productos agrícolas. No podemos seguir sembrando a ciegas y utilizando nuestros recursos de tierra limitados sin información tan básica.
Por otra parte, el agricultor promedio en Puerto Rico no debe gastar su tiempo y esfuerzo en cumplir con la burocracia gubernamental excesiva. Cada minuto que un agricultor pierde en una oficina de gobierno haciendo una gestión para conseguir el último documento que necesita para operar, es un minuto que no le dedica a pensar y desarrollar sus cultivos y sus negocios. Así, debe fomentarse la creación de equipos de gestores que podrían estar compuesto por recursos humanos municipales, estatales y de universidades para aliviar al agricultor de la obtención y renovación de permisos.
A su vez, es de suma importancia poder identificar y mitigar las debilidades en la cadena de valor en la agricultura. Esto es, la cadena formada por el agricultor, agregador-procesador, distribuidor y detallista para que en un esfuerzo conjunto puedan funcionar como una cadena de producción, distribución y venta bien aceitada. Es necesario integrar la actividad de economía participativa para permitir que se agregue la producción de pequeños productores a la cadena de suministros y aumentar el ingreso producido por huertos caseros.
Debemos procurar que los municipios rurales identifiquen activos disponibles de la propiedad pública, tales como edificios industriales no usados, tierras de propiedad del estado o fincas baldías para iniciar el proceso legal correspondiente que permita integrarlos a la producción agrícola de manera tal que pueda servir para incentivar la ampliación de la siembra y la oferta agrícola en estos municipios despoblados y negativamente impactados económicamente.
Por último, es necesario que nos embarquemos en una nueva política pública que se aleje del esquema basado en subvenciones y que se acerque más a una plataforma de inversión sólida en un sistema agrícola productivo, diversificado y de rápido crecimiento que sea sostenible. Esto puede lograrse reorientando el gasto público de los subsidios y dirigiéndolo hacia una mayor exigencia de productividad, dándole prioridad a la inversión pública en la infraestructura orientada a reducir costos de producción, como por ejemplo en reservas de agua, energía a menor costo, y procurando la construcción de vivienda digna a bajo costo para trabajadores agrícolas.
El tiempo de los discursos se acabó. La ruta al éxito requiere movernos a la acción.
