Tantos años de recortes nos han convertido en criaturas de aguante. Tanto así que hemos normalizado que nada funcione, no ya como consecuencia de la ineficiencia del aparato gubernamental sino que ahora también porque el Estado ha decidido sacrificar su operación para ceder ante los recortes y esa austeridad que parecería que nos acompañará por varias decadas.
Ya lo he dicho antes desde este espacio pero, aun corriendo el riesgo de sonar repetitivo, creo que es preciso admitir que precisamente por esos recortes nuestro Gobierno atraviesa una crisis de funcionalidad. Si no me cree, solo repase agencia tras agencia para comprobar lo que digo: con contadas excepciones, la mayor parte del aparato gubernamental simplemente no sirve a sus propósitos.
Tome el caso de las agencias llamadas a obligar el cumplimiento de las leyes ambientales. Justo la este fin de semana se hicieron virales imágenes de un nuevo movimiento de tierra en la Cueva las Golondrinas en Aguadilla. En ellas era evidente que se removía terreno con maquinaria de construcción, a pesar que el Departamento de Recursos Naturales había ordenado el pasado 29 de abril la paralización de todos los trabajos en el sector por no contar con un plan de control de erosión y daños ambientales. Segun partes de prensa, el movimiento de terreno se dio sobre el lugar que parece como propiedad de Aguadilla Pier Corp, una compañía propiedad de Carlos Romá González y Juan López Vicente, quienes habían recibido en 2018 unos $2 millones de parte del mismo Gobierno para desarrollar un proyecto portuario en ese municipio.
¿Cuenta o no cuenta con los permisos la conpañía en cuestión? ¿En realidad los trabajos fueron paralizados por la agencia? Si no tiene los permisos y los trabajos fueron reanundados ignorando las advertencias de Recursos Naturales, entonces queda evidenciada la ineficacia del sistema y nuestra crisis de gobernabilidad. ¿Cómo es que un desarrollador se toma la libertad de violar una orden, a plena luz del día? Solo lo hace quien se piensa intocable o quien tiene la certeza de que no hay quien le cuestione. Quien sabe que no habrá consecuencias. En este caso, los ciudadanos han asumido el rol fiscalizador del Gobienro tomando en cuenta la realidad de esa agencia que ha sido diezmada y que no gradúa vigilantes hace más de una década.
Ejemplos similares nos llegan casi a diario de todos los puntos del país. Los más llamativos, los casos de “Sol y Playa”en Rincón donde hasta el lunes continuaba en pie un muro que la misma agencia ha determinado ha sido construido de manera ilegal. Y de Rincon, basta con deternos en Salinas donde aun resulta inexplicable cómo toma tanto tiempo determinar que es ilegal haber construido sobre una reserva natural que, por definición, no permite ese tipo de construcciones.
La falta de gobernabilidad no se limita al ámbito de las leyes ambientales. Repase también la falta de patrullaje y atención de querellas como consecuencia de la falta de agentes de la policía (faltan unos 4 mil) o la lentitud en la atención de querellas por maltrato en el Departamento de la Familia por las mismas razones (faltan unos 400 trabajadores sociales).
En esos y el resto de los casos en los que la gobernabilidad se ve amenazada por los recortes, la respuesta de la Oficialidad es siempre la misma: No hay y no puede haber más recursos. Eso y una exhortación a entender que hay que conformarse con lo que tenemos disponible.
Me niego a conformarme con pedazos del Gobierno que merecemos. No señor. No me acostumbro y no me acostumbraré.
