No he podido dejar de pensar en esa niña. Esa que con 13 años se ha convertido, sin saberlo, en objeto de las conversaciones de todos los que siguen de cerca el quehacer noticioso local. Y de los que no también. Escapar a su historia resulta inevitable. La adolescente, con autismo severo, tiene 32 semanas de embarazo (unos 7 meses) y el padre de la criatura es su padrastro. Según la Policía, la niña ha sufrido en silencio los abusos de todos los adultos en su entorno. Algunos por obra y otros por omisión. Según la historia, desde los 10 años ha sido violada por el compañero de su madre. Pero la niña ha sido una suerte de figura invisible para todos los llamados a protegerle.
De su embarazo se supo cuando la madre le llevó a un hospital para atender un “dolor de barriga” que terminó confirmándose como un embarazo. Entonces, tras la confesión del hombre, resulta que nadie sabía nada. Para comenzar, la madre. La mujer afirmó ante la autoridades que nunca supo que el hombre con el que compartía su vida violaba a su hija bajo su propio techo. Tampoco sabía que estaba embarazada y, a todas luces, a punto de parir. Cree que creemos que nunca se dio cuenta de un embarazo evidente. No se dio cuenta, dice. Y como no se dio cuenta, tampoco denunció a su esposo. Y como no se dio cuenta, tampoco llevó a la adolescente a recibir cuidado prenatal adecuado. Pero la madre no fue la única que no vio nada sospechoso en la figura creciente de su hija de 13 años.
El padre de la menor tampoco vio nada. Al ser entrevistado por las autoridades, según trasciende, no notó nada raro. Y ello, indudablemente hace pensar que la relación y frecuencia de visitas del padre a la hija eran lo más cercano a nada. Quizá me equivoco.
Las autoridades escolares tampoco vieron nada. Y si lo vieron no pudieron confirmarlo ayer a la prensa que pidió detalles sobre el caso a la agencia. Porque aunque de entrada parecería que esa niña no estaba acudiendo a la escuela (lo normal es que alguien en el entorno escolar levantara una bandera de alerta) la niña sí recibía clases. O al menos eso reportó la Policía. Educación no pudo confirmar hasta el lunes dónde estudiaba, qué nivel cursaba o si las autoridades escolares iniciaron algún proceso relacionado al evidente maltrato que sufría. Ayer la compañera de Noticentro, Reyna Mateo conversó con una compañerita de clases que aseguró que la niña acudió a la escuela en innumerables ocasiones con golpes y señales de maltrato. ¿Nadie vio nada? Y si es así, ¿qué hizo el trabajador social de la escuela? ¿Será que como en la escuela no hay ninguno?
Otra agencia que no vio nada fue el Departamento de Familia. Y si lo hizo, ayer en la tarde tampoco pudo contestar por voz de alguno de sus portavoces si antes de conocerse del caso públicamente ya había intervenido para proteger la menor. ¿Había un caso abierto? ¿Recibió alguna querella? Si es así, ¿cuándo la atendieron?
La avalancha de preguntas sin respuesta a más de 24 horas de denunciarse el caso deja como consecuencia un vacío que, a juzgar por experiencias previas, apunta a múltiples fallas en el sistema. Un sistema que comienza con nuestras comunidades donde, resulta preciso preguntarnos, ¿tampoco nadie vio nada?
Esa misma experiencia previa nos permite anticipar un escenario potencial. Es probable que el caso llegara ante el Departamento de la Familia. También que el caso fuera estudiado inicialmente para luego ser descartado por “falta de información que confirmara maltrato”. Es posible que la seria escasez de trabajadores sociales hiciera cuesta arriba el adecuado estudio de la situación. Y esto ya lo hemos visto antes. Como en aquel caso de la niña que se suicidó en Caguas ante los ojos de todos y la atención de nadie. O casi nadie. Sabemos que hay fallas en el sistema, pero no las corregimos. Sabemos que existen problemas para conciliar la información entre las agencias, pero el problema sigue intacto. Sabemos que hay escasez de trabajadores sociales y que los que tenemos tienen 40 casos por profesional. Que esa cifra excede las prácticas recomendadas. Pero aunque hacen falta al menos 400 trabajadores sociales, la Junta de Control fiscal no autoriza el dinero para poder reclutarlos. Lo sabemos todo, pero no hacemos nada. Seguimos viendo lo que ocurre pero sigue nuestra mirada indolente. Esa ceguera nos convierte en cómplices.
