Los datos son más que elocuentes. Según el Negociado de Energía, LUMA Energy -el administrador de la red eléctrica del país- ha fallado en cumplir con las métricas que le han sido requeridas durante su primer año, particularmente en lo que respecta a la duración y frecuencia de las interrupciones en el servicio. En fin, que dicho de manera sencilla, hay muchos más apagones que antes. Y eso lo sabe usted sin la necesidad de análisis oficialistas. Lo sabe usted que los vive con demasiada frecuencia.
Entonces, la pregunta es: ¿qué los provoca? LUMA (y en alguna medida voces del Gobierno) han insistido en plantear que hay más porque la infraestructura está débil. Y lo está. Pero como explicaba el representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la Autoridad, Tomás Torres Placa, aun con el estado de la red, muchos de los apagones que hemos vivido no habrían tenido lugar si detrás del manejo de la red hubiera pericia y buen mantenimiento.
Por ese argumento que han esbozado “los que saben” es que el llamado a que LUMA haga su trabajo de manera eficiente ha ganado terreno. También por eso, las excusas levantadas por sus ejecutivos chocan con la realidad de sus decisiones gerencias.
La compañía privada ha admitido a través de sus portavoces que explosiones como la de Fajardo se han producido porque no se cumplió con el mantenimiento programado. O lo que es lo mismo: no es que la planta sea vieja. Es que no la cuidan como corresponde. El asunto es que no solo admiten que no hubo mantenimiento sino que adelantan que no lo habrá de manera que puedan evitarse los apagones porque no les alcanzará el tiempo para cumplir. Así que, así tan campechanos, “no vamos a llegar a todas antes de que ocurran (los incidentes) La expectativa obviamente es que tendremos eventos ocurriendo en los próximos meses”. Esa admisión es probablemente la confirmación de que no tienen el personal suficiente para cumplir con los requerimientos de mantenimiento de la red y que eso nos pondrá en riesgo.
En medio de ese escenario, la Oficina de Alianzas Público Privadas, el ente llamado a fiscalizar el contrato, ha comenzado una ristra de contradicciones públicas sobre lo que es cumplir o no con el contrato. Su director, Fermín Fontánez no cree que LUMA incumpla con el contrato, pero admite que incumple con “métricas”; admite que no ha cumplido con el plan de mantenimiento y niega que ello sea suficiente para cancelar el acuerdo legal, pero dice que no debe seguir incumpliendo. Niega que LUMA tenga tiempo indefinido para cumplir con los requerimiento contractuales, pero no puede establecer una fecha límite para que en efecto cumpla. Y esa constante contradicción probablemente haga sentido o aguante la argumentación entre abogados y un buen toma y dame adornado de leguleyadas, pero desde la lógica del ciudadano común -ese para quien la vida no se rige por las contradicciones o inexactitudes de un contrato- es evidente que el desempeño de LUMA deja mucho que desear.
Evidencia de ello ha sido la constante molestia pública a la que la prepotencia de muchos de los oficiales de LUMA hace poco por ayudar.
El gobierno tiene ahora una coyuntura importante con la llegada del mes de noviembre. El 30 de ese mes vence el contrato actual con LUMA y, de así ordenarlo el Gobernador, se daría paso a un contrato final por 15 años. Las preguntas a hacerse son múltiples. Pero lo que ya tiene respuesta es el cuestionamiento en torno a si el Estado está haciendo lo suficiente para velar por el interés de los ciudadanos. No, el gobierno no está fiscalizando el contrato de manera adecuada. La Oficina de Alianzas Público Privadas no ha sido una voz fiscalizadora presente. En estos días se le ha escuchado solo como consecuencia del reclamo general Y así, movidos por la presión, no es suficiente. El gobernador tampoco ha sido una voz activa en la fiscalización del contrato y su descontento ha lucido forzado, igualmente motivado por la presión pública que tiene el potencial de convertirse en presión electoral. El país espera más de quienes están llamados a velar el uso del escaso dinero público. Y lo espera ahora.
