La Ley 29 de 2009 creó la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) con el propósito de proveer al país un servicio, construir u operar una instalación o proyecto de alta prioridad para el Estado, ya sea por urgencia, necesidad o conveniencia. Según reza la propia exposición de motivos de esta ley, “Esa Alianza debe estar revestida de un alto interés público, de manera que el Estado no renuncia a su responsabilidad de proteger dicho interés, ni a los derechos de recibir un servicio eficiente, ni a la titularidad de los activos públicos incluidos en el Contrato de Alianza”. Eso dice la ley. La práctica ha sido otra.
Desde la semana pasada hemos visto al licenciado Fermín Fontanés, director de la AAPP, de “media tour” justificando la falta de fiscalización de su agencia sobre el contrato de LUMA. No hay que ser un experto en la materia para saber que este contratista del gobierno ha incumplido con su obligación de ofrecer un servicio de calidad al pueblo de Puerto Rico. No existe medio de comunicación que no haya reseñado la falta de personal técnico, la falta de conocimiento, falta de mantenimiento del sistema, las luchas de LUMA para mantener información pública en cuartos oscuros y su actitud irrespetuosa hacia los medios locales y hacía el país. Peor aún, el propio Fontanés ha aceptado públicamente que las averías y el tiempo de respuesta a las mismas han aumentado. Lo mismo sucede con la duración de los apagones que sufren los puertorriqueños. Sin embargo, la AAPP no ha enviado una sola notificación de incumplimiento a LUMA por su pobre desempeño. ¿Acaso no es esto un incumplimiento con su función de parte de la AAPP?
Pero la cosa no queda ahí. En enero de 2021, el gobernador nombró un comité para la fiscalización del contrato de LUMA. Al día de hoy no se conoce públicamente ningún informe, planteamiento o documento de parte de este comité en el que evalúen el pobre desempeño de LUMA. Al parecer, al gobernador no le preocupa el desempeño deficiente de LUMA y mucho menos que su gobierno no supervise a este contratista, incumpliendo con su función de proteger un servicio esencial. Tengo muy claro que es tiempo de que Fontanés salga de su posición y que al gobernador el país le pasará su factura de la misma forma que LUMA nos la envía todos los meses con o sin apagón.
