No hay duda alguna, LUMA no ha cumplido. LUMA se ha excedido de los presupuestado, ha fallado en las métricas de rendimiento, principalmente en aquellas relacionadas a la duración de los apagones. Ante este escenario va a ser muy difícil que LUMA cambie la percepción fundamentada que se tiene de su desempeño previo al 30 de noviembre de 2022. Ante lo anterior, el gobierno de Puerto Rico, y la AAPP no tienen otra opción que defender los intereses del pueblo, y no los de LUMA. LUMA es capaz de defenderse ella solita.
No obstante, los hechos en este caso son espada de doble filo, que cortan para ambos lados y revelan una realidad. La realidad es que LUMA no tiene toda la culpa de la situación en la que se encuentra el sistema energético de la Isla, y su salida no resuelve absolutamente nada.
El sistema de transmisión y distribución de nuestra Isla esta frágil desde ya hace varios años. Las unidades de generación de la AEE, en su mayoría son unidades viejas que no ameritan ser renovadas. Seguimos dependiendo del petróleo y el diésel para generar nuestra electricidad. Lo que nos hace presos de mercados volátiles y sujetos a ser afectados por pandemias, guerras y conflictos que nosotros no controlamos. Así, los apagones y los aumentos en las facturas no se le puede achacar a LUMA.
No hay soluciones fáciles a nuestra situación energética. Creo que eso lo sabemos. Ahora bien, la respuesta no puede ser, nos chupamos a LUMA. Tampoco puede ser, sacamos a LUMA. Veamos.
Aunque el contrato de LUMA se puede cancelar, su cancelación al 30 de noviembre de 2022 conllevaría el pago a LUMA de una tarifa de cancelación aproximada de $120,000,000. A su vez, comenzaría un periodo de transición de unos doce (12) meses durante el cual LUMA terminaría sus operaciones y las transferiría a un operador sustituto. Durante dicho periodo la AEE sería responsable también del pago de una tarifa de cierre de contrato, con todas las complicaciones que traería una operación en manos de una compañía que va de salida.
Además, no existen candidatos para sustituir a LUMA. Volver a la administración de la AEE es peor. Aprobar una ley habilitadora que le devuelva la operación al sector público tampoco es viable pues enfrentaría los mismos o peores problemas que está enfrentando LUMA actualmente con las deficiencias del pasado, atrasándolo todo. Sin obviar que cancelar el contrato tiene un impacto negativo directo en el desembolso de los fondos de FEMA y CDBG-DR asignados para la reconstrucción de la red eléctrica de Puerto Rico.
Ante esto, el discurso no puede ser, LUMA se queda como hasta ahora. Hay que aprovechar la coyuntura en que se encuentra el pobre servicio de LUMA, la fecha del 30 de noviembre de 2022, y la necesidad, tanto de LUMA, como del gobierno, de que el sistema energético de la Isla funcione. LUMA tiene que entrar en cintura, y que la AAPP y la AEE lleven a cabo su trabajo. Necesitamos que los que están en dirección defiendan a la gente y que se exija, no de palabra, sino, de hecho. Para ello, hay que particularizar la supervisión del contrato, con un plan de ejecución claro, con métricas claras, exigencias de empleomanía clara e implementación de una gerencia administrativa efectiva. Hay que enmendar el contrato y lograrlo a como dé lugar.
Hay que actuar con los pies en la tierra, reconociendo que no hay soluciones fáciles. Nos restan muchos años de trabajo para reconstruir a Puerto Rico, y su sistema energético. No piense que nos tomará meses o un cuatrienio sacar a Puerto Rico de donde está. No tenemos otra opción.
