El huracán María en septiembre de 2017 cambió todo en Puerto Rico. El histórico grado de devastación fue el catalítico para masivos cambios en la estructura de respuesta ante desastres naturales. Ante esta realidad, en la Asamblea Legislativa se desarrollaron múltiples iniciativas enfocadas en atender cada una de las necesidades de nuestra gente en caso de ser impactados por un huracán.
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Las leyes aprobadas vinieron para mitigar los efectos de desastres y asistir en una pronta recuperación de todos los sistemas.
Leyes como la Ley 107-2020, mejor conocida como el Código Municipal de Puerto Rico) fue enmendada para brindarle a los municipios las facultades de reparar los sistemas eléctricos, así como de agua potable, en caso de una emergencia.
Para lograr terminar con la dependencia del sistema actual energético se aprobó la Ley 17-2019 (Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico), la cual estableció como meta que para el año 2025 el 40 por ciento de la energía que se produzca localmente sea renovable, y para en el 2050 abandonar totalmente el uso del petróleo y carbón. Esto se hizo para fomentar, entre otras cosas, la instalación de sistemas energéticos individuales listos para suplir las necesidades de los hogares en caso de la pérdida de líneas de transmisión o generación desde las plantas actuales.
Mientras que la Ley 213-2018 que reconfigurar los requisitos para para la instalación de un generador industrial de energía eléctrica para llevar energía a las áreas comunes o de manera individual en los condominios, esto como medida para evitar que la gente pase mucho tiempo sin energía en caso de interrupciones.
Uno de los mayores pasos fue la Ley 73-2019 que establece un nuevo proceso de compras y otorgación de contratos de servicios profesionales en el gobierno central, trayendo transparencia a todos los trámites, incluyendo los realizados en tiempos de emergencias.
Por otro lado, también se encuentra la Ley 232-2018 la cual establece una exención total en el de pago de arbitrios al combustible utilizado para la generación de energía eléctrica o para la energía térmica en las facilidades hospitalarias. Sin embargo, a cuatro años de aprobada esta legislación de vanguardia, solo 1 de 70 facilidades médico-hospitalarias tienen su propio sistema de generación de energía eléctrica.
De igual modo hicimos con la Ley 250-2018 la cual enmienda la ‘Ley del Buen Samaritano del Gobierno de Puerto Rico’ para extender sus protecciones a los profesionales de la salud provenientes de otras jurisdicciones de los Estados Unidos para atender un desastre mayor.
Además de las leyes aprobadas, la Legislatura trabajó investigaciones que frenaron actos contrarios al bienestar del Pueblo. Uno de los mejores ejemplos fue la investigación sobre las prácticas de algunas firmas de ajustadores públicos que inflaron, por mucho, los daños causados por María.
Se hizo mucho en corto tiempo y acciones tomadas después de septiembre 20 de 2017 lograron acelerar los trabajos de reconstrucción luego del azote del huracán Fiona el 18 de septiembre pasado.
Muchas de estas leyes han sido aplicadas a su máximo potencial, mientras que otras todavía falta camino por recorrer. Lo que importa es usarlas.