Puerto Rico atraviesa un proceso de renegociación de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Este proceso afecta a todas las personas que vivimos en Puerto Rico. Sin embargo, el pueblo no participa, sino que se está haciendo a nuestras espaldas. La Junta de Control Fiscal (JCF) (un ente antidemocrático y colonial) y los bonistas estuvieron negociando nuestro futuro sin nuestra particpación. Nuestro destino lo discuten otras entidades, en un proceso del cual tampoco somos parte, a pesar de que es al pueblo al que va a afectar.
En días recientes, la prensa reseñó que como parte de las negociaciones de la deuda de la AEE entre la JCF y bonistas, se presentó la propuesta de cobrarle al pueblo $23-$26 mensuales por 600 meses para pagarle a bonistas. Esto es insostenible. La deuda de la AEE es de $9,000 millones, y el total que pagaría el pueblo bajo este acuerdo sería más de $19,000 millones, es decir más del doble de la deuda. Las negociaciones entre bonistas y la JCF lo que pretenden es imponer más sacrificios al pueblo y no lo podemos permitir. La deuda de la AEE no es asegurada, por lo que no tiene prelación sobre otras deudas. Debemos cancelar la mayor parte, sino toda la deuda debido al innegable cambio de circunstancias que ha sufrido Puerto Rico con el azote de huracanes, secuencias sísmicas, pandemias y otras.
Existen al menos cuatro alternativas viables para el pueblo de Puerto Rico y que son parte de las políticas públicas energéticas del gobierno, solo hace falta voluntad para actuar. El gobernador puede y debe implementar, con urgencia, estos cuatro puntos: 1) la transición acelerada a fuentes de energía renovable; 2) cancelar el contrato leonino de LUMA Energy; 3) auditoría y cancelarción de la deuda de la AEE y 4) transformación y reorganización profunda de la AEE con participación ciudadana y laboral. Siempre se debe poner al pueblo antes que la deuda.
