El derecho a la salud es fundamental. Sin embargo, no todas las personas tienen acceso a estos servicios o, si los tienen, no es oportuna ni fácilmente accesible. La crisis de salud que enfrenta Puerto Rico tiene su origen en el desmantelamiento –mediante la privatización– del sistema de salud público por parte del entonces gobernador Pedro Rosselló. Para el Colegio de Médicos, la Asociación de Laboratorios Clínicos, el Proyecto Arbona y muchas otras personas profesionales, una de las principales causas de este descalabro es el control y voracidad de las aseguradoras privadas. Las aseguradoras racionan servicios a pacientes, se inmiscuyen en decisiones médicas y pagan mal y tardíamente a proveedores. También se resisten a incluir nuevos(as) profesionales en sus listas de proveedores. El pueblo continúa sufriendo y las aseguradoras continúan enriqueciéndose.
PUBLICIDAD
Para comenzar a atender este asunto el pasado martes, se aprobó la Resolución Conjunta del Senado 296 (RCS 296), que ordena al Departamento de Salud a realizar un estudio de viabilidad sobre la adopción de un seguro de salud universal en Puerto Rico. Este estudio se realizará con una partida que la Junta de Control Fiscal asignó el pasado mes de junio para este fin.
La creación de un seguro universal de salud reduciría el malgasto administrativo, acabaría con malgastos publicitarios, garantizaría los pagos oportunos a proveedores y el acceso de todas y todos a los servicios requeridos. Este seguro estaría al servicio de la salud y no de la ganancia privada de unos pocos y se ha logrado exitosamente en otros países.
El contenido final de la RCS 296 fue producto de la labor compartida de la oficina del autor, Juan Zaragoza y la oficina de Rafael Bernabe. Desde el hemiciclo, Zaragoza agradeció el trabajo en conjunto, dado a que la delegación del MVC había presentado una medida anterior sobre el mismo tema. Pero, lejos de buscar protagonismo, la delegación de MVC se unió como coautora y celebramos la aprobación de una medida importante. Ahora, le corresponde a la Cámara aprobar la medida con urgencia y antes que finalice esta sesión legislativa.