El derecho al aborto en Puerto Rico ha recibido en este cuatrienio más ataques que nunca antes. La mayoría legislativa y el Gobernador, lejos de aprobar medidas para ampliar los servicios de salud, para proteger nuestras costas, ecosistemas o para trancisionar hacia fuentes de energía renovable, o construir un hospital en Vieques, o eliminar el subsalario mínimo de $2.13 de las personas que reciben propinas, intentaron –infructuosamente– limitar el acceso de las personas embarazadas a servicios de salud durante todo su embarazo.
Recordarán que uno de los proyectos, el PS 693, fue producto de una alianza viciosa entre cinco senadores y dos senadoras de los partidos Popular Democrático, Nuevo Progresista y Proyecto Dignidad. Fue una alianza viciosa que pretendió aprobar el proyecto sin participación democrática y sin transparencia alguna, negándose a la celebración de vistas públicas. Sin embargo, gracias a la presión pública y a las grandes movilizaciones, como las de la Marea Verde Puerto Rico, se celebraron vistas en ambos cuerpos legislativos y prevaleció la salud y la vida de las personas embarazadas y personas con capacidad de gestar: ¡todos los proyectos que pretendían quitarnos derechos fueron derrotados!
Todas las agencias del gobierno que depusieron y la gran mayoría de quienes comparecieron a las vistas se opusieron a restringir y a limitar los servicios de salud, incluyendo el derecho al aborto. Es decir, solicitaron y exigieron que las personas embarazadas puedan acceder todos los servicios de salud durante todo su embarazo sin las restricciones que imponían los cuatro proyectos presentados en esa dirección. Si fuera cierto que esa alianza viciosa quisiera reducir los abortos, estarían legislando a favor de la educación sexual y a favor del acceso a métodos anticonceptivos, pero no lo hacen. Por eso, quienes defendemos el derecho al aborto exigimos: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Quienes creemos en ampliar nuestros derechos y libertades democráticas tenemos el deber de denunciar los y las antiderechos para que no vuelvan a salir electos. ¡No pasarán!
